Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo serían los principales responsables del dinero que ingresó al INE por las verificaciones de datos de credenciales.
Diputadas de la alianza Juntos Haremos Historia denunciaron al extitular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, por presuntas irregularidades que se presentaron al interior del órgano, las cuales ascenderían a poco más de 224 millones de pesos.
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Según la denuncia realizada por las legisladoras Olga Juliana Elizondo Guerra, de Morena; y Valeria Santiago Barrientos, del Partido Verde (PVEM), en 2022 la autoridad electoral facilitó 224 millones 419 mil 742 verificaciones de datos de credenciales para votar en favor de 62 instituciones privadas y 11 instituciones públicas.
No obstante, únicamente el INE alcanzó una recaudación de 50 millones 325 mil 152 pesos, a pesar de que debió recibirse ingresos superiores a los 224 millones, puesto que el cobro unitario por verificación asciende a un peso.
¿De qué se le acusa a Lorenzo Córdova?
Los datos anteriores fueron suscritos en la respuesta del INE a la solicitud de información 330031423000350, por lo que no existe ningún tipo de duda de que ese dinero desapareció de la nada durante la gestión de Lorenzo Córdova, quien terminó su periodo en 2023.
Tal situación representa un detrimento de casi 78 por ciento de ingresos por dicho concepto, es decir, cerca de 174 millones no se sabe a donde fueron a parar, por lo que las diputadas llamaron a las autoridades competentes a investigar el caso.
Parte de la denuncia dicta:
“Podemos deducir que el Servicio de Verificación ha sido utilizado en total opacidad, al no contar con mecanismos establecidos en la Ley que permitan la rendición de cuentas del dinero efectivamente cobrado, así como investigar y, en su caso, sancionar a quienes ilícitamente se hayan enriquecido a costa del servicio público”.
Presentan iniciativa para protección de datos resguardados por el INE
Ante tal escenario, las diputadas Olga Juliana Elizondo Guerra y Valeria Santiago Barrientos presentaron una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Con esta misma se busca regular el servicio de verificaciones de datos de credenciales para que no se vulnere el derecho a la protección de datos personales, pues no existe transparencia alguna tanto a quien brinda el INE esta información como en la propia recaudación.
En caso de aprobarse, se establecería una pena de entre uno a siete años de prisión a quien trate, altere, sustituya, destruya, comercialice o haga uso ilícito de documentación que contenga datos personales, con el fin de alcanzar un lucro indebido.
A la par, se sancionaría con una muta y prisión de dos a seis años al funcionario electoral que altere en cualquier forma información relativa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores.
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Portada: El Político
Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
