La Iglesia católica remarcó que el Estado de derecho es una exigencia ética, además de que el poder tiene “límites morales”.
Los obispos de la Iglesia católica han expresado su preocupación ante la reforma judicial que actualmente se discute en el Poder Legislativo.
TE PUEDE INTERESAR:
Lenia Batres exhibe trampa en supuesto recorte salarial a ministros para 2025
En un comunicado emitido este miércoles, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un llamado urgente para que se promueva un debate más amplio y se incluya a todos los sectores que podrían verse afectados por los cambios constitucionales, en particular a los trabajadores del Poder Judicial.
La Iglesia advirtió sobre las posibles consecuencias de no generar un espacio de diálogo entre el oficialismo y las partes involucradas, afirmando que “la falta de diálogo puede generar consecuencias graves para la convivencia social y el orden institucional”.
En su mensaje, los obispos subrayaron que la confianza en el país y la estabilidad del Estado de derecho podrían verse comprometidas si no se atiende de manera adecuada este proceso.
El Episcopado hizo énfasis en la importancia del Estado de derecho como una “exigencia ética” derivada de la dignidad humana. Recordaron que la doctrina social de la Iglesia establece límites morales y legales al ejercicio del poder, señalando que “la autoridad debe ejercerse como servicio al bien común”.
¿Cuál es la postura de la Iglesia sobre la reforma judicial?
El comunicado dirigido a la ciudadanía y a los tres Poderes de la Unión destacó la creciente preocupación por la polarización que, según la Iglesia, ha alcanzado niveles sin precedentes en torno a los cambios legales propuestos.
“Como pastores del Pueblo de Dios y ciudadanos comprometidos con el bien común, manifestamos nuestra más profunda preocupación ante la gravedad de los recientes hechos”, afirmaron los obispos.
La CEM también hizo un llamado a los legisladores del partido oficial a tomar en cuenta las voces de todas las fuerzas políticas en el Congreso, así como a los especialistas en derecho constitucional y a los representantes de la sociedad civil.
Enfatizaron la necesidad de escuchar a todos los sectores antes de tomar decisiones que afecten al marco legal del país.
Además, la Iglesia exhortó a los actores políticos y sociales afines a su doctrina a recuperar el diálogo constructivo y a trabajar en el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
“La falta de diálogo y acuerdo entre los diversos poderes del Estado respecto a las disposiciones judiciales puede generar consecuencias graves para la convivencia social y el orden institucional, comprometiendo la confianza en nuestro país y amenazando la estabilidad del Estado de Derecho.”
A pesar de varios amparos emitidos por tribunales, el gobierno federal ha reiterado su negativa a suspender las elecciones de jueces y magistrados programadas para junio de 2025, lo que ha generado un fuerte debate sobre la legalidad y el impacto de dichas reformas.
