Tras 22 horas de debate, una jueza decidió vincular a proceso a los excolaboradores de Silvano Aureoles, quien fue gobernador de Michoacán.
Este viernes 07 de marzo se dio a conocer que una jueza federal vinculó a proceso a cuatro excolaboradores de Silvano Aureoles Conejo. Todos ellos fueron detenidos y acusados de presunto daño al erario por 3 mil 412 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil del estado.
TE PUEDE INTERESAR:
Viri Ríos se ríe de Raymundo Riva Palacio y le da repasón en Tercer Grado
La jueza de control Patricia Sánchez Nava, en audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Oriente, desechó los datos y medios de prueba presentados por la defensa de Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Administración y Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán.
También de Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada Administrativa de la SSPC.
Jueza determina situación legal de excolaboradores de Aureoles
Los excolaboradores de Silvano Aureoles fueron procesados por los delitos peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.
Durante la audiencia que duró alrededor de 22 horas, los abogados de los imputados presentaron peritos en grafología, lavado de dinero, oficios y pólizas para desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Contraloría de Michoacán, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, fueron desechadas.
En el caso particular del exsecretario de Administración y Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, su defensa alegó que el exfuncionario solo autorizó tres oficios para realizar pagos a la Inmobiliaria DIP, propiedad del empresario Joaquín Martínez del Campo.
A dicha empresa se le señala de beneficiarse con los contratos de arrendamiento, servicios y la compraventa a sobreprecio de los cuarteles en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, y que en algunos casos se falsificó su firma.
Buscan llegan a un acuerdo reparatorio
El abogado de Maldonado Mendoza afirmó que los contratos de arrendamiento, mantenimiento, limpieza y compraventa fueron autorizados por los comités de adquisiciones del gobierno estatal, no por su cliente.
Negó cualquier malversación de recursos relacionados con los cuarteles y acusó a las autoridades de tergiversar los hechos para encarcelar a cuatro personas.
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reconoció que los cuarteles están operativos y desde allí se coordinan patrullajes. Los imputados tienen la opción de llegar a un acuerdo reparatorio similar al de la Inmobiliaria DIP, que en 2024 devolvió 970 millones de pesos para extinguir su acción penal.
Azucena Marín Correa, titular de la Contraloría estatal, confirmó que uno de los acusados propuso un acuerdo, pero el gobierno busca procesar a los cuatro detenidos y al exgobernador Silvano Aureoles, quien sigue prófugo.
Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de Finanzas, declaró ante la jueza que sólo gestionó cuatro oficios y que las decisiones de arrendamiento y contratación fueron tomadas por los comités. Aseguró que nunca firmó ningún contrato.
