El PJF se ha dedicado a violar la Ley Agraria para despojar a varias familias de sus predios en el Paraje Teopanixpa en Milpa Alta.
En junio de 2016, Ámbar Angelina Vargas Vencis interpuso una demanda para promover el juicio plenario de posesión en contra de Virginia Rodríguez Gutiérrez, así como de Daniela, Marcelo y Gabriela, los tres de apellidos Villanueva Rodríguez. El expediente fue radicado en el juzgado trigésimo cuarto de lo civil de la Ciudad de México, bajo el número 511/2016.
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Es así como, después del deceso del padre de la familia Villanueva Rodríguez, Ambar Vargas Vencis promovió el juicio antes señalado alegando ser propietaria del inmueble ubicado en el Barrio de Santa Martha Villa de Milpa Alta, del entonces Distrito Federal.
En su demanda, y sin pruebas que lo respalden, la parte actora aseguró haber adquirido el predio a través de una compraventa con su hermana, Anahí Vargas Vencis, por un precio de 18 mil pesos. A su vez, Anahí indicó ser la propietaria del inmueble gracias a una cesión verbal de derechos que hizo en su favor Gabriel Villanueva Meza, el difunto padre de familia.
Juicio civil contra la familia Villanueva era improcedente
Más allá de las aseveraciones vertidas por Ámbar Vargas, cabe señalar que el objeto de la acción plenaria es determinar a quién le asiste un mejor derecho para poseer un inmueble. Por eso, el promovente debería probar los elementos que acrediten tal situación.
Es así que la familia Villanueva ha poseído el predio por más de 50 años, ya que data desde 1960. Aunado a ello, el predio es de naturaleza comunal y, por lo tanto, su regulación se rige por la Ley Agraria, misma que establece que las tierras comunales son inalienables, imprescriptibles e inembargables. En ese sentido, el juicio en materia civil resultaría improcedente.
En los años 2016 y 2017, el juzgado trigésimo cuarto de lo civil de la Ciudad de México emitió las primeras sentencias a favor de los demandados, es decir, de las familias posesionarias. En ellas reconoció que la actora no presentó documentos que acrediten su propiedad, así como la naturaleza comunal del predio.
PJF avala desalojo irregular de familia en Milpa Alta
En 2018, Ámbar Vargas apeló esas sentencias, por lo que, al dictar su resolución, el magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, Arturo Ramírez Sánchez, actuó de manera irregular al modificar el sentido de la sentencia sin justificación legal y sin notificar a los demandados.
Asimismo, otros actores judiciales que no tienen competencia para ello se han visto implicados en el proceder a favor de la familia Vargas; tal es el caso del juez Luis Alberto Ibarra Navarrete, quien ha presionado para ejecutar el desalojo, aun cuando Milpa Alta es regido por el derecho agrario.
Como consecuencia, la parte afectada sufrió tres intentos de desalojo en 2024; el primero, el 21 de junio, el segundo, el 27 de agosto, y el tercero, el 30 de noviembre. En 2025 está programado uno más, el 12 de marzo.
Por su parte, David Valdés Falcón, abogado de la familia Vargas Vencis, insiste en la competencia de los juzgados civiles dentro de los predios comunales de Milpa Alta. Ello, debido a que dicho personaje fungió como asesor de la representación comunal dirigida por Julián Flores Aguilar.
Este caso se da en un contexto de desalojos irregulares en el predio comunal de Milpa Alta y de alcaldías como Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan. Esas acciones vulneran los derechos agrarios de las comunidades dejándolos en estado de indefensión.
Por tal situación, los pobladores exigen detener el posible acto de desalojo y evitar poner en riesgo la seguridad de las personas de la comunidad de Milpa Alta, de manera específica del predio Teopanixpa.
