La ONU emitió sus observaciones ante la crisis de desapariciones forzadas que enfrenta México ante el caso del rancho Izaguirre.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha activado por primera vez en la historia el procedimiento contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, tras recibir informes que apuntan a una práctica sistemática o generalizada de desapariciones en México.
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Así lo anunció el presidente del Comité, Olivier de Frouville, al término del 28º periodo de sesiones, una decisión inédita a escala global que marca un hito en la aplicación del derecho internacional en materia de derechos humanos.
“Existen informaciones fundamentadas que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de México”, señaló de Frouville.
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El procedimiento comenzó tras recibir una denuncia específica relacionada con la desaparición forzada de personas en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, caso que se ha convertido en símbolo de una problemática estructural.
Como parte del protocolo, el Comité solicitará al Estado mexicano toda la información pertinente sobre la situación, con el objetivo de entablar un diálogo constructivo. No obstante, si el patrón de desapariciones persiste o se intensifica, el Comité podría remitir el caso ante la Asamblea General de la ONU, a través del secretario general António Guterres, para su consideración urgente.
Esta posibilidad no solo aumentaría el escrutinio internacional sobre México, sino que abriría la puerta a un reconocimiento formal de crímenes de lesa humanidad, según estipula el derecho internacional cuando se trata de delitos cometidos de forma sistemática con conocimiento de las autoridades.
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Durante una visita oficial en 2021, el Comité ya había identificado la desaparición forzada como un fenómeno sistemático en México y emitió recomendaciones, entre ellas la creación de una Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones. Sin embargo, según diversas organizaciones de derechos humanos, el Estado mexicano no ha cumplido eficazmente con dichas directrices.
Entre las 10 prioridades señaladas por el Comité destacan:
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Fortalecer las instituciones de búsqueda e investigación.
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Mejorar la coordinación entre autoridades.
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Atender la crisis forense.
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Garantizar justicia en casos ocurridos en contextos migratorios.
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Facilitar la reparación integral a las víctimas.
El Comité también ha subrayado la importancia de proteger a los funcionarios involucrados en tareas de búsqueda y revisar los registros oficiales, que en muchos casos presentan deficiencias.
Organizaciones mexicanas como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) calificaron la activación del artículo 34 como un hecho “histórico e inédito” que visibiliza la magnitud de la crisis y respalda la lucha de miles de familias que buscan a sus seres queridos.
“Este reconocimiento internacional subraya la gravedad de la situación en México y ofrece una ventana de oportunidad para avanzar hacia la verdad, la justicia y la reparación”, señaló el CEPAD en un comunicado publicado en la red social X.
