Morena reveló que buscarán que la reforma antilavado se apruebe en la Comisión de Justicia y en el Senado antes de terminar el mes.
La Comisión de Justicia del Senado, encabezada por Javier Corral, confirmó que se alista con modificaciones en materia de la reforma a la ley de antilavado. Esto con el objetico de poner otorgarle a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) nuevas capacidades para detener este delito.
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Como parte de los trabajos para enfrentar la delincuencia organizada, el Senado buscará aprobar la reforma a la ley antilavado. Con ello, pretende mejorar la actual ley para que la UIF pueda identificar redes criminales, recuperar activos y evitar la impunidad.
Senado de la República va por ley antilavado
La Comisión del Senado buscará que UIF tenga mayores facultades y pueda enfrentar eficazmente al terrorismo a las redes del narcotráfico. Para ello, buscará que los partidos políticos y sindicatos entreguen a este organismo avisos en caso de sospechar sobre delitos relacionados con el lavado de dinero.
De acuerdo con Javier Corral, esta iniciativa comenzó a circular entre los senadores desde el pasado mes de octubre de 2024. Lo cual tiene como fin actualizar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y cumplir con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
En este sentido, el coordinador de la Comisión de Justicia del Senado afirmó que Morena es uno de los mayores interesados en que esta reforma se apruebe. Por lo que se buscará que la Comisión, así como el pleno del Senado aprueben dicho proyecto antes de que concluya el periodo de sesiones actual.
El proyecto del dictamen en el Senado tendrá como uno de sus objetivos evitar más choques entre la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR). Por lo que, con esta reforma se le obligará a la Fiscalía a dar a viso a la UIF cuando se detente delitos de lavado de dinero y poder actuar a la brevedad.
¿En qué consiste la ley antilavado?
En este sentido, la ley antilavado propone que exista un reconocimiento de los clientes; es decir, que además de su documentación se mantenga un registro en casinos, agentes inmobiliarios, comerciales de metales y piedras preciosas. Al mismo tiempo que las empresas deberán identificar y registrar a personas que tengan control sobre ellas.
Asimismo, se establecerá en la ley la definición de Persona Políticamente Expuesta (PEP) para obligar a las instituciones a monitorear sus operaciones con estos clientes. Lo que a su vez facilitará el acceso a la información oficial y se creará un listado para cumplir con sus obligaciones. Esto aplicará para políticos en funciones o que terminaron con ellas.
Además, será el INE quien proporcione información que se requiera de políticos nacionales y locales; así como de agrupaciones políticas, coaliciones y candidatos. Mientras que las secretaría del Trabajo y Previsión Social se encargaran de proporcionar información de los sindicatos y sus dirigentes que sea requerida en el ejercicio de sus atribuciones.
