Diputados avalaron en lo general los cambios a la Ley Antilavado, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el financiamiento ilícito.
La nueva Ley Antilavado en México, aprobada en junio de 2025, refuerza el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo mediante reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal.
Entre sus puntos clave destacan la incorporación de nuevas actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, activos virtuales y fideicomisos; la obligación de identificar al beneficiario final de las operaciones; y la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda solicite información financiera sin orden judicial.
Aunque busca cumplir con estándares del GAFI, ha generado críticas por el riesgo de vigilancia excesiva, afectación a la privacidad y uso político. También se crea una Plataforma Única de Identidad vinculada a la CURP biométrica, lo que ha encendido alertas sobre derechos civiles y transparencia.
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Autor: Edward E. López
