El tribunal dictaminó que Trump aprovechó un vacío legal de una ley de emergencias de 1977 para imponer aranceles como medida de presión.
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos resolvió que la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales, en un fallo que cuestiona una de las piezas centrales de su estrategia económica y de política exterior. La decisión judicial, emitida por la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal, representa un duro revés para el presidente republicano, quien convirtió los gravámenes a las importaciones en un mecanismo para presionar a otros países y fortalecer las finanzas federales.
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El fallo, con siete votos a favor y cuatro en contra, determina que Trump no tenía facultades legales para declarar emergencias nacionales y, con base en ello, aplicar impuestos de manera generalizada a mercancías procedentes de diversas naciones.
A pesar de ello, la corte permitió que los aranceles permanezcan vigentes hasta el 14 de octubre, con el fin de que el gobierno federal pueda presentar un recurso ante la Suprema Corte.
Tribunal de EU señala que aranceles de Trump no son legales
En su resolución, los jueces precisaron que la legislación otorga al presidente una amplia autoridad para actuar frente a emergencias nacionales, pero que dicha atribución no contempla de manera explícita la posibilidad de imponer aranceles o derechos aduaneros. El tribunal ratificó así lo resuelto previamente por un tribunal federal de comercio en Nueva York, que ya había cuestionado la legalidad de las medidas.
Ante este escenario, Trump reaccionó con un mensaje en su red social Truth Social, donde calificó el fallo de “erróneo” y acusó a los magistrados de actuar con motivaciones partidistas.
“¡Todos los aranceles siguen en vigor! Hoy, un tribunal de apelación altamente partidista ha declarado erróneamente que nuestros aranceles deben eliminarse, pero saben que Estados Unidos ganará al final”, escribió.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, respaldó al exmandatario al acusar a los jueces de interferir en el papel central que corresponde al presidente en materia de política exterior. Además, anunció que el gobierno interpondrá un recurso para evitar que la medida judicial eche abajo los llamados aranceles “recíprocos” implementados en el marco de la guerra comercial impulsada por Trump, así como los gravámenes específicos a México, Canadá y China.
Cabe destacar que la resolución no afecta a los impuestos aplicados con base en otras disposiciones legales, como los gravámenes al acero y al aluminio, que permanecen vigentes.
Trump utiliza aranceles para llevar millones de dólares al Tesoro federal
Trump defiende los aranceles como una herramienta estratégica para renegociar tratados comerciales y forzar a otros países a aceptar condiciones favorables para Estados Unidos. Sin embargo, más allá del aspecto diplomático, los gravámenes se han convertido en una fuente millonaria de ingresos para el Tesoro federal.
De acuerdo con datos oficiales, los ingresos derivados de estas tarifas alcanzaron 159 mil millones de dólares hasta julio, más del doble respecto al mismo periodo del año anterior. La administración de Trump utiliza dichos recursos para financiar parcialmente los recortes de impuestos firmados el 4 de julio, con lo que buscó reforzar su base electoral y proyectar fortaleza económica.
El Departamento de Justicia advirtió recientemente que, en caso de que los aranceles sean anulados de manera definitiva, el gobierno podría verse obligado a devolver parte de lo recaudado a las empresas importadoras, lo que representaría un golpe significativo a las finanzas públicas. Incluso, en un documento legal, se alertó que esta situación podría implicar la “ruina financiera” para el país.
Trump, por su parte, ha defendido reiteradamente que los aranceles son una medida legítima y necesaria para proteger los intereses nacionales, apoyándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA). No obstante, el tribunal dejó claro que esa norma no le concede la facultad de aplicar impuestos.
En el fondo, el fallo reabre el debate sobre los límites de la autoridad presidencial en materia de comercio internacional y la forma en que el Congreso ha cedido atribuciones en este terreno a lo largo de las últimas décadas, un vacío de poder que Trump aprovechó al máximo durante su gestión.
