Despachos de Gil Zuarth y Coello Trejo habrían recibido 46.3 mdp del Gobierno de Cabeza de Vaca para beneficio personal.
El Congreso de Tamaulipas aprobó, con 26 votos a favor y seis en contra, que la Auditoría Superior del Estado reabra las cuentas públicas del exgobernador Francisco Cabeza de Vaca correspondientes a 2016-2021.
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La medida surge tras detectarse pagos por 46.3 millones de pesos a dos despachos jurídicos que presuntamente trabajaron en su defensa personal.
“A propuesta de los diputados de Morena y del Partido del Trabajo, el Congreso Local aprobó, en sesión extraordinaria, instruir al órgano técnico de fiscalización del estado, reabrir y revisar las Cuentas Públicas del sexenio 2016-2021, encabezado por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca”.
Congreso revisará las cuentas públicas de Cabeza de Vaca
En sesión extraordinaria, el Congreso de Tamaulipas aprobó con dispensa de trámite una iniciativa presentada por el diputado del Partido del Trabajo, Elifa Gómez Lozano, mediante la cual se instruye a la Auditoría Superior del Estado revisar las cuentas públicas del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, correspondientes a los ejercicios 2016-2021.
En la exposición de motivos, Gómez Lozano hizo referencia a publicaciones que señalan pagos por 46.3 millones de pesos durante el pasado sexenio, destinados a la contratación de servicios jurídicos.
“Particularmente se refiere a los despachos jurídicos Coello Trejo y Asociados, y Accuracy Legal and Consulting, propiedad del exsecretario del expresidente Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, y de Javier Coello Trejo, Procurador General de la República en el sexenio de José López Portillo”, detalló.
De acuerdo con la propuesta, Coello asumió públicamente la defensa de Cabeza de Vaca en las denuncias presentadas en su contra, y lo hizo cobrando presuntamente con recursos públicos.
Por su parte, Gil Zuarth, quien fue mentor del exgobernador en el Senado, se convirtió en su principal asesor jurídico y encabezó la defensa en controversias y acciones de inconstitucionalidad que lo beneficiaban de manera personal.
El acuerdo establece:
“Esta alta representación social, apelando a las facultades extraordinarias que le otorga a la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, solicita que el titular del órgano de fiscalización autorice se proceda a la revisión de las cuentas públicas de los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021”.
El Congreso subrayó que la revisión no debe limitarse a verificar la legalidad de los pagos, sino que también debe contemplar la existencia de contratos, condiciones pactadas y entregables que respalden las erogaciones realizadas.
Gobierno de Tamaulipas presenta 70 denuncias vs exgobernador
El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal, informó el 27 de agosto la presentación de 70 denuncias contra la administración anterior, de las cuales al menos 14 son de carácter penal. Estas acciones derivan de la detección de un presunto desvío de recursos públicos por más de 343 millones de pesos.
En conferencia de prensa, Iván Saldaña Magaña, director jurídico y apoderado legal de la Secretaría de Salud estatal, explicó que las denuncias fueron interpuestas contra el exgobernador y varios exfuncionarios por la presunta adjudicación ilícita de contratos.
Detalló que el quebranto asciende a 343 millones 966 mil pesos, pagados a empresas vinculadas con los hermanos Carmona.
“Se estima un quebranto aproximado de 343 millones 966 mil pesos; esas cantidades de dinero fueron pagadas a dos empresas que están vinculadas a los hermanos Carmona, en donde las empresas que fueron beneficiadas son Grupo Industrial Permart, representada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Vega”, señaló.
Las denuncias fueron presentadas ante el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas.
De acuerdo con las autoridades, los delitos detectados se relacionan con uso indebido de atribuciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Saldaña subrayó que no se trata de persecución política, sino de una obligación de transparentar los hechos que afectaron las finanzas estatales y los servicios de salud. Además, destacó que la colaboración de exservidores públicos ha fortalecido las investigaciones en curso.
