Las órdenes de suspensión de la SCJN derivaron de un total de 550 amparos interpuestos durante 2024 contra la reforma judicial.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Hugo Aguilar, ordenó la eliminación total de las suspensiones concedidas en amparos promovidos contra la reforma judicial de 2024, particularmente aquellas que protegían a magistrados y jueces en materia de inamovilidad en el cargo y no reducción salarial.
TE PUEDE INTERESAR:
PAN le abre las puertas a Salinas Pliego para 2030: “si se anima, no lo descartamos”
La instrucción fue dirigida a los tres juzgados federales en Materia Administrativa de Zapopan que concentraron la mayoría de estos recursos durante el año pasado.
Además, la decisión responde a una consulta presentada por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que desde septiembre sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), respecto a los alcances de la sentencia emitida por la anterior integración de la Corte el 13 de febrero de 2024.
En dicho fallo, la SCJN determinó que los jueces de amparo no tenían competencia para conocer de los recursos interpuestos porque se trataba de asuntos relacionados directamente con el nuevo sistema de elección de jueces, es decir, de materia electoral.
Las suspensiones habían permitido que, durante 2025, los salarios de jueces y magistrados no fueran reducidos conforme lo establece la reforma judicial. Mientras el Poder Judicial de la Federación buscaba mantener percepciones anuales de 3.1 millones de pesos netos para magistrados de Circuito y 2.9 millones para jueces de Distrito, la presidenta Claudia Sheinbaum percibe 2 millones 73 mil pesos anuales, cifra a la que la propia Corte ya había ajustado sus tabuladores desde enero.
El contraste generó tensiones presupuestales, especialmente luego de que la Cámara de Diputados recortara la solicitud presupuestal global del Poder Judicial de 85 mil 960 millones a 70 mil 36 millones de pesos.
Suspensiones derivaron de 550 amparos promovidos en 2024
Las órdenes de suspensión que hoy deben ser eliminadas derivaron de un total de 550 amparos interpuestos durante 2024 contra la reforma judicial. Todos estos recursos fueron turnados a tres juzgados federales en Zapopan, lo que permitió mantener vigentes, hasta este momento, los niveles salariales previos a la reforma y la permanencia sin modificaciones de quienes ocupan cargos en juzgados y tribunales.
En su acuerdo, el ministro Hugo Aguilar enfatizó que los órganos jurisdiccionales están obligados a revocar las suspensiones “en su totalidad”, abarcando toda acción u omisión relacionada con la reforma judicial impugnada.
Esto incluye actos derivados del nuevo proceso electoral para seleccionar jueces, así como los referentes a la permanencia en el cargo y la irreductibilidad salarial. Aguilar recordó que la sentencia de febrero fue clara al señalar que el decreto que dio origen al nuevo esquema judicial conforma “un sistema normativo indisoluble e interconectado”, por lo que no es posible fraccionar sus efectos para mantener vigentes solo algunas partes.
Cuando la SCJN discutió originalmente el alcance de estas suspensiones, trascendió la idea de que únicamente se revocarían aquellas que pretendían frenar las elecciones judiciales celebradas en junio. Sin embargo, la versión escrita de la sentencia, contenida en la consulta a trámite 3/2024, dejó establecido que ninguna de las suspensiones podía mantenerse, pues los jueces de amparo eran incompetentes para pronunciarse sobre temas que forman parte de un proceso electoral.
El OAJ, sucesor del CJF, había advertido que las suspensiones condicionaban su capacidad de proyectar un presupuesto acorde a la reforma judicial.
De hecho, el extinto Consejo llegó a solicitar 74 mil 224 millones de pesos para 2025, una cifra rechazada por el nuevo órgano administrativo al iniciar funciones. Aunque la Cámara de Diputados aprobó finalmente un presupuesto menor para el Poder Judicial, aún no se ha clarificado qué parte de los recortes afectó directamente al OAJ.
La resolución de Aguilar, que obliga a desactivar todas las suspensiones activas, marca un giro definitivo en la implementación de la reforma judicial de 2024 y podría traducirse en ajustes inmediatos en salarios, nombramientos y procedimientos internos en los próximos meses.
