Especialistas aseguraron que el reciente actuar del ICE conllevará detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha puesto en marcha un programa que permite la contratación de empresas privadas para rastrear y localizar migrantes indocumentados.
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La iniciativa, revelada por el portal Milenio, contempla un presupuesto de 180 millones de dólares y ofrece pagos de 300 dólares por cada persona detectada, una medida que ha generado polémica por la posible tercerización de funciones que tradicionalmente corresponden a agentes federales.
Este mecanismo forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración Trump para acelerar los procesos de deportación, ampliar la infraestructura de detención y aumentar la capacidad operativa del ICE.
Organizaciones defensoras de derechos civiles han advertido que esta política puede derivar en abusos, prácticas ilegales y un debilitamiento de los mecanismos de supervisión pública, especialmente en un contexto donde la meta institucional es alcanzar hasta un millón de deportaciones anuales.
ICE ofrece recompensa para cazar a migrantes indocumentados
De acuerdo con el análisis difundido por Milenio, el ICE ha comenzado a publicar ofertas laborales en plataformas como LinkedIn, donde se solicita personal encargado de rastrear a migrantes mediante lotes de hasta 50 mil expedientes por empresa contratada.
Los anuncios sugieren que estas compañías podrían operar bajo un esquema similar al de cazarrecompensas, ya que la remuneración está basada en resultados: 300 dólares por cada migrante ubicado y reportado a través de evidencia fotográfica con fecha, hora y ubicación.
Aunque las leyes federales prohíben que empresas privadas participen en arrestos o detenciones de personas indocumentadas, ya existen señalamientos de que algunas firmas de seguridad habrían rebasado estos límites.
Reportes periodísticos y testimonios mencionan casos donde personal no identificado, incluso encapuchado, habría intervenido directamente en operativos migratorios.
La iniciativa ha despertado críticas por su alcance y por la forma en que externaliza tareas sensibles relacionadas con la seguridad nacional, alimentando lo que organizaciones civiles denominan un “complejo de deportación-industrial”. Este modelo permite que recursos públicos terminen en manos de corporaciones privadas con poca supervisión y un amplio margen operativo.
Contratistas privados reclutan migrantes para recibir remuneración
Las empresas subcontratadas están reclutando a personas con perfiles diversos, desde exagentes de policía hasta individuos sin experiencia formal en seguridad, incluidos exmilitares y civiles. Según las vacantes difundidas, los trabajadores pueden obtener hasta 30 mil dólares en un periodo de 90 días si logran un volumen alto de verificaciones exitosas.
Los contratistas reciben información proporcionada directamente por el gobierno estadounidense para ejecutar labores de vigilancia física, recopilación de imágenes y confirmación de domicilios o paraderos. La falta de claridad sobre los límites de sus atribuciones ha encendido alarmas entre especialistas, quienes advierten que estas prácticas pueden derivar en detenciones arbitrarias, persecuciones ilegales o violaciones a derechos humanos.
Finalmente, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) reiteró que el ICE tiene prohibido delegar funciones de arresto a la seguridad privada. Sin embargo, la presión política para cumplir objetivos de deportación, sumada a la inyección de miles de millones de dólares en infraestructura migratoria, ha creado un entorno en el que las denuncias por abusos y falta de rendición de cuentas van en aumento.
