El rechazo del amparo significa que las acusaciones de la FGR se mantienen firmes y Lozoya deberá enfrentar el juicio por el caso.
Un Tribunal Federal ha resuelto negar un amparo a favor del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
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La defensa del exfuncionario pretendía anular el proceso en su contra por el caso de la compra de la planta de Agronitrogenados, ubicada en la zona industrial de Coatzacoalcos, Veracruz.
Además, buscaba declarar la prescripción del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El fallo, emitido por el magistrado instructor Ezequiel Altamirano Roches, ratifica la decisión de revocar la suspensión del procedimiento que un juez de control había otorgado al acusado previamente en agosto de 2023.
Niegan amparo a Lozoya por Caso Agronitrogenados
Un Tribunal Federal de Apelación negó conceder un amparo a Emilio Lozoya Austin y ordenó continuar con el proceso judicial abierto en su contra.
El Tribunal determinó que la reparación del daño no está garantizada ni cubierta en su totalidad, ya que Alonso Ancira solo ha pagado una parte del monto acordado (alrededor de 110 millones de dólares de los 216 millones de dólares pactados).
Con esta resolución, el proceso penal sigue vigente y permite que la Fiscalía General de la República (FGR) avance hacia la audiencia intermedia para presentar su acusación formal por lavado de dinero.
Respecto a la prescripción del delito, los magistrados indicaron que este recurso no se solicita mediante un amparo, sino que debe ser planteado y resuelto durante el transcurso del juicio ordinario.
Cabe señalar que, a pesar de que el proceso penal continúa, Lozoya permanece en libertad condicionada con el uso de un brazalete electrónico y restricciones de movilidad.
Así fue el Caso Agronitrogenados
El caso Agronitrogenados se refiere a la compra, realizada en 2013 durante la gestión de Lozoya al frente de Pemex, de una planta de fertilizantes considerada obsoleta a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad de Alonso Ancira.
En esa ocasión, Lozoya autorizó la compra pagando un precio superior al real, estimado en un sobreprecio de 216 millones de dólares.
La FGR acusa a Lozoya de haber recibido un soborno de 3.4 millones de dólares para facilitar esta compra, recursos que presuntamente utilizó para adquirir una residencia.
La fiscalía estimó que, incluyendo gastos posteriores de rehabilitación de la infraestructura, la operación fraudulenta le ha costado a México cerca de 760 millones de dólares.
