La vicepresidenta de Venezuela aseguró que solo reconocen a Maduro como presidente por lo que no romperán con el legado chavista.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que “el único presidente de Venezuela es Nicolás Maduro” y exigió su liberación inmediata junto a su esposa, Cilia Flores, tras su captura por Estados Unidos.
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El posicionamiento fue emitido la tarde de este sábado, durante cadena nacional en la que encabezó el Consejo de Defensa de la Nación (Codena), máximo órgano constitucional de consulta en materia de seguridad y defensa.
Durante el encuentro estuvieron presentes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez; el ministro del Interior, Diosdado Cabello; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; el procurador general, Reinaldo Muñoz, así como los vicepresidentes sectoriales del gobierno bolivariano.
Vicepresidenta de Venezuela exige a EU liberación de Maduro
La presencia de los tres poderes del Estado y de la estructura militar y civil fue subrayada por la funcionaria como una prueba de que el aparato institucional continúa en pleno funcionamiento, pese a la narrativa promovida desde Washington.
Rodríguez sostuvo que el gobierno de Maduro y los poderes públicos “están activos, articulados y en operación”, lo que, dijo, contrasta frontalmente con las declaraciones del presidente estadunidense Donald Trump, quien horas antes aseguró que Estados Unidos “dirigiría Venezuela hasta lograr una transición justa” y afirmó, sin aportar evidencia ni procedimientos legales, que la Casa Blanca había conversado con Delcy Rodríguez para que asumiera temporalmente la presidencia bajo su tutoría.
La vicepresidenta negó categóricamente esa versión y calificó el planteamiento como un intento explícito de tutelaje imperial sobre la nación sudamericana.
En su mensaje, llamó al pueblo venezolano a mantener la calma y afrontar la defensa de la soberanía en “fusión cívico-militar-policial”, fórmula que ha caracterizado al proyecto bolivariano desde la era de Hugo Chávez.
“No vamos a ser colonia de nadie, de ningún imperio viejo ni nuevo”, expresó, en una de las frases más duras del discurso oficial.
La funcionaria, reconocida constitucionalmente como sucesora legal del presidente, remarcó que el país sólo aceptará relaciones bilaterales que se sostengan en el respeto mutuo, la legalidad internacional y las leyes venezolanas, y no en imposiciones externas ni operaciones militares.
“Estamos dispuestos a relaciones de respeto, en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un tipo de relacionamiento luego de haber atentado y agredido militarmente a nuestra amada nación”, dijo.
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Con ello, reiteró también la postura que, según afirmó, Maduro había sostenido previamente: la disposición al diálogo, siempre que éste no implique sometimiento, condicionalidades ni control de recursos estratégicos, particularmente el petróleo, eje del interés geopolítico de Estados Unidos en la región.
Rodríguez entregó además el decreto de conmoción externa, ya firmado por Maduro antes de su captura, a la presidenta del TSJ para su respaldo jurídico por la Sala Constitucional. Acto seguido, declaró su entrada en vigor inmediata, activando así una de las tres figuras de estado de excepción previstas en la Constitución venezolana.
La medida permite al Ejecutivo movilizar plenamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para hacer frente a amenazas externas que pongan en riesgo la integridad de la República.
Aunque la declaración oficial habla de unidad institucional, también deja entrever la tensión política generada por la captura: no sólo por tratarse del jefe del Estado, sino por la detención simultánea de su esposa, lo que ha sido interpretado por el gobierno como una operación de secuestro político con fines de desestabilización, al margen del derecho internacional.
