Delcy Rodríguez reconoció previamente que el único presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro y exigió su liberación.
Tras el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la invasión militar de Estados Unidos a dicha nación sudamericana, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha urgido a la vicepresidenta Delcy Rodríguez en asumir el Ejecutivo nacional ante la ausencia de Maduro. En este sentido, las Fuerzas Armadas han mostrado su respaldo inquebrantable a Rodríguez.
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La madrugada del 3 de enero de 2026 quedará inscrita como una de las jornadas más tensas y polémicas en la historia reciente de América Latina. En cuestión de horas, Venezuela pasó de una crisis diplomática a un punto de quiebre institucional luego de que el gobierno de Estados Unidos emprendiera una ofensiva militar no notificada a su propio Congreso, bombardeó zonas estratégicas en Caracas y detuvo por la fuerza al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores.
Desde la narrativa oficial venezolana, lo ocurrido no fue una “captura”, sino un acto de guerra: un secuestro de Estado consumado bajo fuego, sin autorización multilateral y con objetivos militares rodeados de áreas residenciales, lo que generó denuncias de víctimas civiles, soldados asesinados “a sangre fría” y un clima de conmoción nacional.
La reacción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fue inmediata. En cadena nacional, el general en jefe Vladimir Padrino López leyó un documento en nombre del alto mando militar para respaldar a las instituciones, garantizar la gobernabilidad y dejar claro que la FANB se encontraba desplegada en todo el territorio.
En el texto, los militares calificaron como “cobarde” la acción estadounidense y denunciaron el asesinato de parte del equipo de seguridad del mandatario, así como de soldados y ciudadanos inocentes. La postura castrense marcó un mensaje inequívoco: no se permitiría un vacío de poder inducido desde el extranjero.
Ordenan a Delcy Rodríguez asumir Presidencia de Venezuela
Mientras las calles amanecían vacías y la población intentaba resguardarse o formar filas para comprar víveres y medicamentos, la dirigencia chavista convocó a movilización permanente. No hubo festejo popular en Caracas por la detención de Maduro.
Por el contrario, el testimonio de ciudadanos como Antonio Guzmán, de 56 años, quien llamó a defender la patria “hasta del imperio más poderoso”, o Johana Sánchez, de 29, al borde de las lágrimas por los heridos civiles, contrastaron radicalmente con la narrativa digital de influencers o sectores externos que celebraron la ofensiva.
Dentro del país, la palabra dominante fue indignación; la emoción, miedo; y la exigencia, soberanía.
En medio de la escalada militar, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máximo órgano constitucional del país, determinó la ausencia temporal del presidente Nicolás Maduro y ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera de inmediato la presidencia encargada de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al artículo 234 de la Constitución.
La decisión, tomada por la Sala Constitucional a solicitud de interpretación del artículo 233 constitucional realizada por la propia Rodríguez, fue respaldada públicamente por el alto mando militar, lo que evidenció que los poderes del Estado se mantenían en pleno funcionamiento pese al ataque extranjero.
El decreto de “conmoción exterior”, firmado previamente por Maduro y entregado por Rodríguez a la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, entró en vigor de inmediato como una de las tres figuras de excepción previstas en la Carta Magna, permitiendo la activación plena de la FANB en todo el territorio para enfrentar amenazas a la república.
La institucionalidad venezolana cerró filas en un momento donde el mayor riesgo no provenía de una fractura interna, sino de una operación militar extranjera ejecutada a espaldas de mecanismos internacionales, sin aval de la ONU, sin deliberación legislativa en Washington y con un mensaje explícito de interés económico: el propio Trump anunció que petroleras estadounidenses “se harán cargo del petróleo venezolano”, confirmando el verdadero trasfondo del operativo: control de recursos, no defensa de la democracia.
¿Quién es Delcy Rodríguez?
Delcy Eloína Rodríguez Gómez, de 56 años, nació el 18 de mayo de 1969 en Caracas. Es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela y una de las figuras más influyentes del chavismo en la última década. Hija de Jorge Antonio Rodríguez, guerrillero izquierdista y fundador del partido revolucionario Liga Socialista en los años 70, creció en un entorno de militancia política que marcó su trayectoria ideológica.
Ascendió rápidamente en la administración pública: fue ministra de Comunicación e Información entre 2013 y 2014; posteriormente ocupó la cartera de Relaciones Exteriores de 2014 a 2017, donde protagonizó episodios de alta tensión regional, como su intento de ingresar a una reunión del Mercosur en Buenos Aires tras la suspensión de Venezuela del bloque.
En 2017 encabezó la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que amplió los poderes presidenciales de Maduro, y un año más tarde, en junio de 2018, fue nombrada vicepresidenta.
Maduro la ha descrito como una “tigresa” o “tigresa revolucionaria” e “hija de un mártir, curtida en mil batallas”, en referencia a su estilo frontal y férreo en la defensa del proyecto bolivariano. Sus cargos no se limitaron al terreno político: desempeñó las funciones del ministerio de Hacienda y de Hidrocarburos, lo que la colocó en el centro de la gestión económica y energética del país, especialmente a partir de agosto de 2024, cuando también se le encomendó conducir la industria petrolera bajo la escalada de sanciones estadounidenses.
Tras la operación militar de Washington, Rodríguez reiteró en televisión pública que “Maduro es el único presidente de Venezuela” y exigió su liberación inmediata, al tiempo que llamó a la unidad nacional y afirmó que Venezuela “nunca será colonia de ninguna nación”.
