El hombre que roció con ácido el 40% del cuerpo de Elisa Xolalpa Martínez, hace 20 años –y la ha seguido amenazando−, fue condenado a cinco años de prisión por violencia familiar con el beneficio de libertad condicional.
¿Eso es justicia?, se pregunta Elisa, cuyo cuerpo lleva las marcas de un intento de feminicidio.
Elisa se siente en riesgo y este martes apelará la sentencia, que asegura, fue sin perspectiva de género y refuerza el mensaje de que “la violencia contra los cuerpos de las mujeres es tolerada y justificada por los jueces”.
“Muchas gracias señor juez”, fue la respuesta de Javier Ediberto “N” al escuchar el fallo del juez Adolfo Rodríguez Campuzano.
Pese a que la fiscalía capitalina argumentó que la vida de Elisa corría peligro, el juez determinó que el agresor podrá salir de prisión con una fianza de 30 mil pesos.
Elisa cuestionó:
“Lo que estoy viviendo es la antesala a un feminicidio, ¿qué esperan ahora?, que vengan mis hijos, que venga mi familia a pedir justicia porque su madre está muerta (…) Para el Estado y para los jueces mi vida vale 30 mil pesos”.
Aunque la pena máxima para el delito de violencia familiar es de seis años de cárcel, el Ministerio Público estaba solicitando 12 años al tratarse de violencia continuada, pues desde 2001 cuando intentó matarla, hasta ahora, Javier Ediberto “N” y su familia no han dejado de agredir a Elisa, a sus familiares y su círculo cercano.
Cuando tenía 18 años, Javier Edilberto “N” intentó matar a Elisa: la amarró a un poste para torturarla y le roció un garrafón con ácido en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, zona chinampera de Xochimilco, en Ciudad de México.
Ahora Elisa tiene 38 años y dice que hace 20 desconocía cómo nombrar lo que le pasó, las autoridades solo clasificaron los hechos como lesiones. Ahora sabe que lo que ocurrió fue una tentativa de feminicidio.
Juez reconoció violencia feminicida
La falta de actuación e impunidad de las autoridades llevó a que la violencia continuará. En 2019, Javier Ediberto “N” nuevamente amenazó con asesinar a Elisa. En noviembre de 2020 fue detenido, pero sus familiares ayudaron a que se escapara mientras estaba esposado en la patrulla.
Hasta febrero de 2021 lo detuvieron en Morelos y fue vinculado a proceso por violencia familiar.
Durante una de las audiencias, el juez reconoció que si bien no se estaba juzgado el delito de 2001, −el ataque con ácido−, sí había una violencia continuada con alto grado de violencia feminicida. En la audiencia del 9 de diciembre dijo que había errores evidentes de la fiscalía al no garantizar la seguridad de Elisa; sin embargo, solo determinó una culpabilidad media contra el agresor.
Teresa González, integrante del colectivo Todas somos Elisa, −que se formó para dar acompañamiento y exigir justicia−, explicó a Animal Político que esos antecedentes fueron tomados en un inicio por el juez Júpiter López Ruíz como argumento principal para dictar medidas cautelares de prisión preventiva, ya que Javier Ediberto “N” nunca se presentó a los llamados de la autoridad y en el momento de la detención se dio a la fuga.
En esa primera audiencia la defensa argumentó que la prisión preventiva era una medida excesiva, pero el juez respondió que se ponderaba el derecho a la vida de Elisa. Todo este contexto, el juez Adolfo Rodríguez Campuzano lo olvidó.
Javier Ediberto “N” debe cumplir con los plazos legales y permanecer en prisión en lo que avanza el proceso de apelación. Sabe que hay otras dos carpetas de investigación abiertas.
Teresa González comentó que existen todas las alarmas de que pueda fugarse, más si una vez ya lo hizo, cometió agresiones a pesar de que Elisa tenía medidas de protección y nunca acudió a los llamados de la autoridad:
“Eran elementos suficientes para que el juez no le diera el beneficio de llevar su proceso en libertad, pero el juez Adolfo Rodríguez Campuzano ya en otras ocasiones ha sido señalado de ser omiso en casos de violencia de género”.
Un día después de la sentencia, Elisa se manifestó junto con otras mujeres que la apoyan y la colectiva Todas Somos Elisa, frente al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, para exigir que se revise la forma de actuar del juez Rodríguez Campuzano.
“No más sentencias machistas”, “Jueces y magistrados también son culpables”, “Alto a la violencia institucional”, se leía en las mantas y cartulinas de protesta.
Esta no es la primera sentencia del juez Rodríguez Campuzano que ha inconformado a víctimas de violencia de género. En enero de 2019, el juez dejó en libertad a un hombre acusado de morder la cara de su novia. Uno de los argumentos del juez fue que el policía que arrestó al implicado, “se contrapone con lo señalado por la víctima”.
Finalmente una magistrada determinó revocar la absolución al inculpado, al considerar que se acreditaron plenamente los delitos de violencia familiar equiparada y lesiones calificadas en agravio de la víctima.
La batalla por la búsqueda de justicia
Tras un largo proceso para que se haga justicia, de que las mismas autoridades la revictimizaran, de que su carpeta de investigación desapareciera, de pasar años entre quirófanos y cirugías tratando de recuperarse y con unas cicatrices imborrables, la justicia ni siquiera habla de una reparación del daño.
Elisa aún espera que avance la indagatoria que se abrió en 2001 y se reponga el proceso; su carpeta de investigación se extravió y es necesario aclarar dónde está y por qué no hubo seguimiento del caso.
Además, la colectiva denuncia que la queja interpuesta en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX no ha tenido avances pese a las múltiples violaciones a sus derechos humanos. Por otro lado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México se comprometió a garantizar sus derechos como víctima, pero hasta ahora, Elisa no ha sido inscrita en el registro ni han dado seguimiento a su caso.
Elisa sigue firme, luchando para que se haga justicia, alzando la voz para dejar un precedente en su comunidad. Sí, hay miedo, reconoce, pero sabe que no está sola y eso le ayuda a sentirse valiente y con más fuerza.
Con información de Animal Político
