La CNDH señaló que existen quienes utilizan el discurso de los derechos humanos para descalificar la política de seguridad pública.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su respaldo a la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (PPO), medida que entró en vigor el pasado 1 de enero. En un comunicado, la institución también reiteró su apoyo a la estrategia integral de seguridad implementada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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La CNDH señaló que la PPO debe analizarse en el contexto actual de México, evitando caer en “divagaciones teóricas” que no aportan beneficios prácticos a la población.
“Es importante actuar contra la impunidad”
Además, subrayó que uno de los principales retos para construir la paz en el país es el sistema de justicia, el cual enfrenta “graves omisiones” y casos de colusión entre juzgadores y grupos delincuenciales o intereses políticos.
La reciente reforma al artículo 19 de la Constitución incluye como delitos sujetos a PPO la extorsión, la emisión de comprobantes fiscales falsos y los crímenes relacionados con la producción y venta de fentanilo. Según la CNDH, esta medida respeta los derechos humanos y actúa contra la impunidad, especialmente en casos de delitos que afectan el tejido social y la seguridad de las comunidades.
“Es importante actuar de manera decidida cuando existan delitos contra la seguridad de la comunidad. La aplicación de la prisión preventiva siempre debe estar debidamente justificada”, afirmó la Comisión.
En cuanto a las críticas de organismos internacionales como la ONU, la CNDH acusó a ciertos actores de utilizar el discurso de derechos humanos para descalificar la política de seguridad del gobierno actual. Según el comunicado, estas opiniones a menudo ignoran la realidad del país y el sufrimiento de las víctimas de la violencia.
La CNDH también denunció que estas críticas suelen ser parte de “formas de intervencionismo” promovidas por políticas neoliberales, y señaló la existencia de intereses externos que buscan limitar la soberanía de México y su capacidad para reformar sus leyes en beneficio del pueblo.
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La Comisión reiteró su compromiso de velar por la correcta aplicación de la PPO y la estrategia de seguridad, asegurando que atenderá las quejas y denuncias relacionadas con posibles vulneraciones a los derechos humanos.
Asimismo, anunció que proporcionará formación a servidores públicos para fomentar buenas prácticas y garantizar el respeto incondicional a los derechos humanos, en cumplimiento con el artículo primero de la Constitución.
“Nuestro deber es contribuir a la construcción de una cultura de paz y justicia, siempre priorizando el bienestar de la población y el respeto a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos”, concluyó la CNDH.
