Norma Piña estaría reteniendo los acuerdos no solo para proteger los intereses de Salinas Pliego, sino para mostrar su descontento por la reforma judicial.
Una vez más, el nombre de Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se encuentra en el ojo de la polémica, luego de que retuvo dos casos que han impedido que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda cobrar los respectivos impuestos que adeuda el empresario Ricardo Salinas Pliego.
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De acuerdo con la información presentada por la revista Proceso, desde hace un mes la ministra presidenta optó por parar estos casos, por lo que Grupo Elektra sigue sin pagar al Gobierno Federal los 35 mil millones de pesos que tiene en su contra.
Según se sabe, se trata de dos amparos interpuestos por Grupo Elektra ante la justicia administrativa, los cuales ya perdió ante la justicia federal y cuya revisión la rechazó incluso en su momento la Segunda Sala de la SCJN; sin embargo, a pesar de ello, Norma Piña Hernández sigue sin emitir los acuerdos respectivos para proceder al siguiente paso.
Esta situación se presenta en la antesala de la futura discusión que el Poder Legislativo tendrá sobre la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que busca llevar a jueces y magistrados a las urnas, así como el terminar con algunos de los privilegios que se tienen en las altas cúpulas de este Poder.
Norma Piña frena cobro a Grupo Elektra por adeudo fiscal
El primer caso es en relación con un crédito fiscal que se emitió en 2008 por mil 431 millones 466 mil 606 pesos y por el cual Ricardo Salinas Pliego promovió en 2018 un litigio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; no obstante, se le negó el amparo, por lo que Grupo Elektra buscó la protección de la justicia federal en abril de 2021.
Más tarde, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo con base en precedentes de la SCJN, pero el recurso se mantiene en esta última estancia desde el 9 de julio pasado sin que se haya emitido algún acuerdo para que el SAT haga efectivo el cobro.
Respecto al segundo, el amparo está en trámite en la SCJN desde el pasado 15 de julio. Se trata de un crédito del ejercicio fiscal de 2013 por 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos que se empezó a litigar en marzo de 2021 en el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa le negó protección en 2019.
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Portada: El Político
Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
