El PAN aseguró ante la CPI que las políticas de seguridad de AMLO agravaron una crisis de inseguridad iniciada hace 20 años.
En una nueva ofensiva del Partido Acción Nacional (PAN) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el instituto político opositor presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que se investiguen presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la crisis de violencia e inseguridad que vive el país, acrecentada por la guerra contra el narcotráfico iniciada hace ya casi 20 años por un gobierno panista.
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La acusación también alcanza a diversas organizaciones criminales y sostiene que durante el sexenio 2018-2024 existió una supuesta política de permisividad hacia el crimen organizado.

Además, la dirigencia panista aseguró que las autoridades mexicanas carecen de independencia para investigar al exmandatario y argumentó que las instituciones judiciales se encuentran bajo influencia de Morena.
PAN intenta responsabilizar a AMLO de toda la crisis de inseguridad
Con ese planteamiento, el PAN decidió acudir a una instancia internacional para intentar responsabilizar al ex presidente por fenómenos como homicidios, desapariciones, reclutamiento forzado de jóvenes y desplazamiento de comunidades enteras.
En su denuncia, el PAN sostiene que la estrategia de seguridad conocida como “abrazos, no balazos” derivó en una cesión deliberada de soberanía frente a los grupos criminales, permitiendo que éstos ampliaran su control territorial, económico y político en diversas regiones del país.

El documento entregado ante la CPI busca acreditar que existió una relación de colaboración o tolerancia sistemática entre el Estado mexicano y organizaciones delictivas durante el gobierno encabezado por López Obrador.
Sin embargo, la acción del blanquiazul también ha sido interpretada como un nuevo intento por mantener vigente la confrontación política con el movimiento encabezado por López Obrador, a pesar de que Morena continúa siendo la principal fuerza política del país. La denuncia surge en un contexto donde Acción Nacional enfrenta dificultades para reposicionarse electoralmente tras las derrotas acumuladas en los últimos procesos federales y estatales.

Otro de los aspectos que llama la atención es que el PAN atribuye buena parte de la crisis de seguridad a los gobiernos de Morena, aunque durante administraciones federales panistas también se registró una escalada de violencia vinculada a la llamada guerra contra el narcotráfico.
Dirigencia albiazul deja a un lado antecedentes a 2018
Sin embargo, la dirigencia partidista decidió dejar a un lado los problemas estructurales de inseguridad en México que anteceden al gobierno de López Obrador y responden a fenómenos acumulados durante varias décadas.
En el documento presentado ante la Corte, Acción Nacional menciona casos relacionados con Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, además de referirse a señalamientos públicos contra gobernadores morenistas como Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal. El partido sostiene que existen elementos suficientes para que la Fiscalía de la CPI inicie una investigación preliminar.

Pese a ello, la sola presentación de una denuncia no implica la apertura automática de un caso formal por parte de la Corte Penal Internacional. Corresponderá a la Fiscalía del organismo revisar la información aportada, valorar su competencia jurídica y determinar si existen elementos suficientes para avanzar en el procedimiento.
