Consejeros del INE afirman que las leyes secundarias de la reforma judicial atentan contra el funcionamiento de la autoridad electoral.
Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) analizan presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las leyes secundarias de la Reforma Judicial en las que se otorgaron más facultades a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.
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Los seis consejeros plantean que la reforma que aplica a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe) extralimita las atribuciones de la Junta y se daña el principio constitucional de profesionalización del INE.
Aseguran que lo anterior significa “un retroceso en el diseño institucional del INE” en detrimento de la colegialidad, la pluralidad y la calidad del funcionamiento de la autoridad electoral.
Desde que se dio a conocer el contenido de las leyes secundarias, los consejeros del Instituto mostraron su preocupación por las nuevas facultades que tendrá la presidenta del organismo, así como la Junta General Ejecutiva.
Consejeros del INE piden controversia constitucional vs. reforma judicial
Las consejeras y consejeros que buscan presentar un recurso en contra de la reforma a la Lgipe, en la que se hicieron ajustes para el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros son:
- Claudia Zavala
- Carla Humphrey
- Dania Ravel
- Martín Faz
- Arturo Castillo
- Jaime Rivera
Por medio de un escrito dirigido a Claudia Edith Suárez, encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva, hicieron dicha solicitud para que se incluya en la sesión extraordinaria de este miércoles 30 de octubre.
“Se solicitará a la Suprema Corte que admita el proceso de manera urgente y emita una suspensión para evitar que las facultades de Taddei entren en vigor.”
Con ello, pretenden quitar las atribuciones que el Legislativo dio a la consejera presidenta Guadalupe Taddei para designar directivos.
Los seis tendrían mayoría frente a sus cinco colegas: Guadalupe Taddei, presidenta; Norma de la Cruz, Jorge Montaño, Rita Bell López y Uuc-kib Espadas.
Entre las determinaciones que han causado inconformidad se encuentra la capacidad de la consejera presidenta para nombrar a las direcciones ejecutivas de las áreas e integrantes de la Junta General Ejecutiva, sin la necesidad de contar con la aprobación de 8 de las 11 consejeras y consejeros.
El cronograma propuesto en el acuerdo detalla que el 8 de noviembre de 2024 deberá presentarse el proyecto de demanda de controversia constitucional a las consejerías integrantes del consejo general, para su análisis y validación.
La controversia deberá interponerse, a más tardar el 19 de noviembre, en la que deberá solicitarse de manera urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la suspensión de la aplicación de la reforma a la Legipe.
