La reforma a la Ley del Infonavit tiene por objetivo ampliar el acceso a la vivienda digna y accesible para millones de mexicanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Ley del Infonavit, que otorga al instituto la facultad de construir viviendas y establecer esquemas de arrendamiento accesibles para los trabajadores.
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La reforma redefine la gestión y atribuciones del Infonavit, lo que permitirá que los trabajadores puedan participar en programas de arrendamiento social y compra tras un año de cotización continua. Estos cambios buscan ampliar el acceso a vivienda digna y accesible para millones de mexicanos.
Sheinbaum promulga reforma a la Ley del Infonavit en el DOF
El 13 de febrero, el pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular, sin modificaciones, el dictamen sobre la reforma.
La discusión en lo general se extendió durante cuatro horas y media, resultando en su aprobación con 71 votos a favor de Morena y sus aliados, mientras que la oposición registró 36 votos en contra. En lo particular, ninguna de las modificaciones propuestas por la oposición fue aceptada.
Uno de los principales cambios en la ley permitirá al Infonavit construir viviendas en beneficio de los trabajadores.
La presidenta Sheinbaum explicó que la meta de su administración es edificar un millón de viviendas en este sexenio, de las cuales el 50 por ciento estarán a cargo del Infonavit y el otro 50 por ciento serán responsabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
¿Cuáles son los cambios con la nueva Ley del Infonavit?
El sector empresarial ha manifestado su preocupación por las modificaciones en la conformación del consejo de administración del Infonavit, ya que consideran que afectan el modelo de gobernanza tripartita que ha regido al instituto.
El tripartismo es un esquema basado en la participación equitativa de los sectores gubernamental, laboral y empresarial en la toma de decisiones del instituto.
Con la reforma, la asamblea general del Infonavit pasará de 45 a 30 integrantes, distribuidos de la siguiente manera: 10 representantes del sector empresarial, 10 del sector laboral y 10 del gobierno.
Este cambio ha generado debate, ya que algunos sectores consideran que podría afectar el equilibrio en la toma de decisiones dentro del instituto.
Sin embargo, el gobierno sostiene que esta reestructuración permitirá una gestión más eficiente y enfocada en atender las necesidades de los trabajadores.
