En un comunicado, CIBanco acusó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos de no haber escuchado sus argumentos de defensa.
CIBanco demandó al Departamento del Tesoro de EU y a FinCEN tras ser acusado de facilitar operaciones vinculadas al tráfico de opioides y ser excluido del sistema financiero estadounidense.
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En un documento de 37 páginas, el banco calificó la medida como una “pena de muerte institucional”, ya que le impedirá realizar cualquier transferencia con entidades financieras de Estados Unidos a partir del 4 de septiembre de 2025.
Además, CIBanco aseguró que la decisión se tomó sin previo aviso ni oportunidad de presentar su defensa, lo que, según la institución, pone en riesgo no solo su operación, sino también fondos legítimos de clientes y empresas mexicanas vinculadas al sistema financiero estadounidense.
CIBanco acusa una sentencia de muerte institucional
CIBanco denunció que enfrenta una sentencia de muerte institucional debido a acusaciones que calificó de vagas y prácticamente inexistentes. La institución financiera mexicana sostiene que la orden emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos viola la Ley de Procedimientos Administrativos y el debido proceso establecido en la Constitución estadounidense.
Según la demanda presentada, esta medida pone en riesgo más de 40 mil millones de dólares en activos vinculados a intereses estadounidenses que CIBanco administra mediante fideicomisos, incluyendo fondos de pensiones, inversiones y propiedades de ciudadanos y empresas de Estados Unidos.
La firma advierte que, de concretarse la prohibición de operar con entidades financieras estadounidenses, se generaría un impacto económico significativo, no solo para el banco, sino también para los clientes e inversionistas que dependen de estos fondos legítimos, afectando gravemente la confianza y el flujo financiero entre ambos países.
CIBanco advierte riesgo de colapso
CIBanco enfrenta una crisis sin precedentes tras la publicación de la Orden final por parte de la FinCEN, la cual, según el banco, viola la Ley de Procedimientos Administrativos y el debido proceso constitucional en Estados Unidos. En su demanda, la institución financiera advirtió que, de no corregirse de inmediato, la medida podría conducir a su insolvencia y eventual colapso.
La sanción ya ha tenido efectos devastadores: todos los corresponsales en Estados Unidos suspendieron operaciones con el banco, paralizando transferencias internacionales y operaciones de cambio que representaban más de la mitad de sus ingresos.
Además, Visa canceló su contrato, dejando fuera de servicio alrededor de 220 mil tarjetas de débito y prepago.
CIBanco sostiene que las acusaciones de FinCEN se basan en presuntas operaciones con empresas mexicanas y chinas, pero carecen de detalles verificables, como nombres, fechas o montos.
“Es como buscar agujas en campos de heno”, señala la defensa, al intentar identificar las transacciones señaladas.
La institución también alertó que la sanción pone en riesgo más de tres mil empleos y amenaza con la liquidación de su división fiduciaria, valuada en 400 millones de dólares, afectando directamente a beneficiarios en México y Estados Unidos. El banco pide una revisión inmediata para evitar consecuencias catastróficas.
