Investigaciones de la FGR señalaron a Raúl Rocha como presunto responsable financiero y logístico del tráfico de armas al CJNG.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú de formar parte de una red criminal dedicada al contrabando de armas de fuego desde Guatemala hacia México, las cuales eran destinadas a organizaciones delictivas de alto impacto como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Unión Tepito.
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De acuerdo con la acusación presentada por la FGR ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, Octavio Alarcón Terrón, la organización criminal, que hasta ahora no tiene un nombre identificado, habría introducido al país al menos 400 armas de fuego, así como cargadores y municiones, las cuales eran comercializadas de manera clandestina mediante aplicaciones de mensajería instantánea, principalmente WhatsApp.
Entre el armamento traficado se encuentran pistolas Glock y Sig Sauer, armas Mendoza y escopetas Hatsan, todas consideradas de alto poder y de uso frecuente por grupos criminales. La estructura delictiva era encabezada por Jacobo Reyes León, alias Yaicob, detenido recientemente por autoridades federales, y contaba con el respaldo financiero y operativo de Rocha Cantú, quien actualmente es considerado prófugo de la justicia.
Las investigaciones federales revelan que, además del tráfico de armas, la red criminal también estaba involucrada en la comercialización ilícita de hidrocarburos, actividad que habría generado ganancias millonarias y permitido la expansión de sus operaciones. En este contexto, la FGR sostiene que la participación de Rocha Cantú fue determinante para el crecimiento exponencial de la organización, gracias a la inyección de capital que realizó desde finales de 2024.
¿Cómo operaba Raúl Rocha para traficar armas a México?
Según la acusación ministerial, la red criminal mantenía una operación transnacional bien estructurada. Las armas eran adquiridas y concentradas en Guatemala, desde donde ingresaban de forma ilegal a territorio mexicano por vía terrestre. Para evadir los controles de seguridad, el armamento era ocultado en autobuses que transportaban ropa, fayuca y mercancía diversa con destino al centro del país, particularmente a la Ciudad de México.
Interceptaciones telefónicas permitieron a las autoridades identificar a un sujeto conocido como “Kevin” como el principal encargado de la venta de armas de grueso calibre en la capital. De acuerdo con los documentos judiciales, Kevin utilizaba su perfil de WhatsApp para ofertar el armamento, contactar compradores y cerrar las transacciones, principalmente con integrantes de organizaciones criminales.
La proveeduría desde Guatemala corría a cargo de una mujer identificada como “la esposa de Charly”, quien permanecía de planta en ese país y coordinaba el envío constante de armas hacia México.
Una vez en territorio nacional, la red se encargaba de su distribución y venta, generando importantes ganancias ilícitas.
En este entramado, Raúl Rocha Cantú desempeñaba funciones de dirección y financiamiento.
La FGR sostiene que se integró formalmente a la organización criminal al menos desde el 15 de diciembre de 2024, realizando inversiones millonarias y obteniendo beneficios económicos proporcionales a su participación.
Además, se le atribuye haber pagado sumas considerables a Jacobo Reyes León a cambio de información privilegiada sobre operativos y acciones de las autoridades, obtenida mediante contactos corruptos dentro de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Pese a ser requerido por la justicia federal, un juez de distrito en Nuevo León concedió recientemente a Raúl Rocha una suspensión provisional para evitar la revocación de su acuerdo como testigo colaborador y para que no sea obligado a comparecer ante la FGR, mientras se resuelve de fondo su amparo, una decisión que ha generado cuestionamientos sobre el alcance de los beneficios legales otorgados al empresario.
