Con este nuevo proceso, el plan de Duarte de salir libre el próximo 15 de abril se canceló y podría alcanzar hasta 14 años de prisión.
Un juez de control determinó vincular a proceso al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
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Javier Duarte acusó que esta sería una estrategia de la Fiscalía para asegurar que permanezca en prisión, pues ya había cumplido el 90 por ciento de la condena que se le había impuesto tras su extradición y captura en 2017.
Esta nueva imputación surgió de carpetas de investigación que la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha mantenido activas y que han logrado superar los amparos que la defensa de Duarte ha interpuesto.
Vinculan a proceso al exgobernador de Veracruz
El juez de Control, Gustavo Aquiles Villaseñor, vinculó a proceso al exgobernador veracruzano Javier Duarte por el delito de peculado.
El juez justificó mantenerlo en prisión preventiva bajo el argumento de que ya se fugó una vez, a Guatemala en 2016, por lo que existe un riesgo real de que lo haga de nuevo si recupera su libertad en abril, cuando termina su otra condena.
Duarte rechazó las acusaciones, calificándolas de “una bola de sandeces” y sostuvo que como gobernador no era responsable directo de la planeación financiera; insistió además en que los recursos provenían del ámbito estatal, no federal:
“Yo no fui secretario de Finanzas y Planeación, fui gobernador”, dijo.
¿De qué se le acusa a Javier Duarte?
En este nuevo proceso se le acusa de desviar recursos provenientes del presupuesto del fondo para discapacitados y apoyos a adultos mayores para cubrir nóminas y otros compromisos financieros.
Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la fiscalía presentó 38 pruebas, entre ellas el testimonio de Antonio Tarek Abdalá, extesorero de Veracruz, quien explicó que en aquella administración se mezclaban fondos de distintas partidas, una práctica conocida internamente como “barriendo las cuentas”.
La FGR sostuvo que los 5 millones de pesos del Fondo de Apoyo a Personas con Discapacidad fueron mezclados con otros fondos en diversas cuentas bancarias para ocultar su rastro y utilizarlos en fines distintos, lo cual es ilegal al tratarse de recursos etiquetados.
Asimismo, está pendiente el proceso por el que habría desviado 220 millones de pesos provenientes de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, destinados para obras de infraestructura hidráulica y saneamiento.
