EU documentó que el CJNG, bajo el liderazgo de El Mencho, generaba más de 10 millones de dólares anuales por narcotráfico, además de operar otros fraudes.
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, no solo marcó el cierre de una era para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino que volvió a poner bajo la lupa las dimensiones financieras del grupo. Y es que durante años, autoridades de Estados Unidos documentaron el alcance económico de sus operaciones, que incluyeron tráfico de drogas y sofisticados esquemas de fraude internacional.
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No obtante, todo cambió para el líder del CJNG el pasado 22 de febrero, cuando un operativo de Fuerzas Especiales del Ejército en Tapalpa, Jalisco, derivó en un enfrentamiento en el que resultó herido. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el criminal en cuestión murió mientras era trasladado para recibir atención médica.
Considerado uno de los criminales más buscados en ambos lados de la frontera, Nemesio Oseguera Cervantes enfrentaba múltiples acusaciones en cortes estadounidenses. Desde hace más de una década, esas investigaciones delinearon las millonarias ganancias que generaba su estructura criminal.
Prueba de estas palabras es que tras su fallecimiento, se reportaron más de 250 bloqueos carreteros en al menos 20 estados, reflejo de la capacidad operativa y territorial que mantenía la organización criminal que en vida lideró.
Las millonarias ganancias del CJNG con El Mencho
En 2014, la Corte del Distrito de Columbia presentó una acusación formal contra El Mencho y su cuñado, Abigael González Valencia, identificado como líder de Los Cuinis. Ambos fueron señalados como responsables de encabezar una alianza dedicada al tráfico de toneladas de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los imputados ocupaban puestos de supervisión y administración dentro de una “empresa criminal continua”. Las estimaciones oficiales indicaban que tan solo las actividades relacionadas con la fabricación y distribución de drogas generaban más de 10 millones de dólares anuales.
A la par del narcotráfico, agencias estadounidenses detectaron nuevas fuentes de financiamiento. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentaron un esquema de fraude con tiempos compartidos operado desde Puerto Vallarta, dirigido principalmente a ciudadanos estadounidenses de la tercera edad.
El mecanismo consistía en contactar a propietarios de inmuebles vacacionales, haciéndose pasar por intermediarios inmobiliarios para ofrecer supuestas ventas o rentas. A cambio, exigían pagos anticipados que se prolongaban hasta agotar los recursos de las víctimas. Posteriormente, los mismos operadores se presentaban como abogados que prometían recuperar el dinero perdido, profundizando el engaño.
De acuerdo con cálculos del FBI, entre 2019 y 2024 alrededor de 6 mil personas fueron afectadas por este esquema, con pérdidas estimadas en 350 millones de dólares. Ante esto, el Departamento del Tesoro advirtió que la cifra real podría ser mayor, pues muchas víctimas no denuncian por vergüenza.
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Portada: El Político
Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
