El juez aceptó las pruebas presentadas por la Fiscalía de Michoacán que acreditan la participación de Aureoles en la masacre.
El exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo suma una orden de aprehensión más, en esta ocasión por su participación en la llamada Masacre de Arantepacua.
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La masacre de Arantepacua, ocurrida el 4 y 5 de abril de 2017, es uno de los episodios de represión policial más graves en la historia reciente de México, derivado de un operativo judicial en dicha comunidad, ordenado por el gobernador Silvano Aureoles, que resultó en el asesinato de cuatro comuneros y dejó a varias personas heridas.
El evento involucró la incursión armada de fuerzas estatales y federales en una comunidad indígena purépecha.
El conflicto inició por una disputa de tierras comunales entre Arantepacua y la comunidad vecina de Capacuaro. Los comuneros habían retenido algunos vehículos de carga como medida de presión para que la administración del exgobernador Silvano Aureoles interviniera en la resolución del conflicto agrario.
El 5 de abril, cientos de elementos de la Policía de Michoacán y de la entonces Policía Federal ingresaron a la comunidad y dispararon armas de grueso calibre en contra de la población, registrándose varias ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias.
Juez concede orden de captura contra Aureoles
Un juez de Control concedió a la Fiscalía General del Estado de Michoacán 16 órdenes de aprehensión relacionadas con los hechos ocurridos en la localidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, en abril de 2017.
La Fiscalía, bajo la gestión de Carlos Torres Piña, presentó las pruebas suficientes para que el juez autorizara las capturas de los exfuncionarios y los policías involucrados en lo que se califica como una masacre.
Las órdenes de aprehensión van dirigidas contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y su entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.
Cabe señalar que el proceso judicial actual se sustenta en gran medida en los hallazgos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que acreditó el uso desproporcionado de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales.
La recomendación histórica dirigida al gobierno de Michoacán concluyó que existieron violaciones graves a los derechos humanos, al derecho a la vida y a la integridad personal.
Asimismo, se confirmó la práctica de tortura contra los detenidos y se determinó que el Estado falló en proteger a la comunidad, actuando con un uso desproporcionado de la fuerza.
