El Chapo indicó que no tuvo un proceso justo, por lo que pide la anulación de su condena o la realización de un nuevo juicio.
El juez estadounidense Brian Cogan rechazó las peticiones realizadas por el exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.
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El Chapo ha manifestado que las condiciones en las que se encuentra recluido han afectado gravemente su salud física y mental, describiendo síntomas como taquicardia, pérdida de peso y deterioro cognitivo.
Guzmán Loera fue sentenciado en 2019 a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por cargos que incluyen participación continua en una empresa criminal, conspiración internacional para manufacturar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, además de lavado de dinero.
Actualmente se encuentra preso en la prisión ADX Florence, conocida como el Alcatraz de las Rocosas, en donde está sometido a aislamiento total dentro de una celda de 2×3 metros.
Juez rechaza peticiones de El Chapo
El juez Brian Cogan puso un alto definitivo a la reciente serie de peticiones que el exlíder del Cártel de Sinaloa envió mediante cartas manuscritas desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence.
Cogan calificó lo solicitado por El Chapo como carente de legalidad y sin sentido:
“Algunos de estos documentos carecen de sentido y ninguno tiene fundamento legal”, respondió el juez.
El juez aclaró que, una vez dictada la sentencia, las condiciones de su encarcelamiento dependen exclusivamente de la Agencia Federal de Prisiones y no de su tribunal.
Las peticiones del narcotraficante incluían la apelación de su caso y un nuevo juicio, además de pedir que se le extradite de regreso a México.
Las cartas de El Chapo a juez Brian Cogan
Joaquín Guzmán, alias El Chapo, ha enviado varias cartas al juez Brian Cogan escritas a mano en español y recientemente en inglés.
En ellas sostiene que su proceso original de extradición de México a EU fue ilegal y estuvo lleno de irregularidades. Por ello, pide formalmente que se le devuelva a México, argumentando que el país debería tener la jurisdicción sobre su caso basándose en tratados internacionales.
También describe su situación en ADX Florence como un castigo cruel e inusual que viola la Octava Enmienda de la Constitución de EU y reclama que el gobierno estadounidense le ha bloqueado la comunicación básica de manera arbitraria, impidiéndole incluso hablar con sus abogados de forma privada.
Insiste en que su sentencia de cadena perpetua fue el resultado de una persecución política y no de un proceso justo, por lo que pide la anulación de su condena o, en su defecto, la realización de un nuevo juicio.
