Segob informó que se iniciará el censo de las viviendas que resultaron afectadas para apoyar en la reconstrucción y reparto de enseres.
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó a través de un comunicado que las familias desplazadas de las comunidades de Chilapa, Guerrero, han comenzado a regresar a sus hogares tras desplegar un esquema de seguridad y vigilancia federal en la zona.
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Como parte de la intervención federal en el territorio, la Secretaría de la Defensa Nacional establecerá un corredor seguro para garantizar el libre tránsito de la población hacia la cabecera municipal, así como el ingreso de suministros a sus localidades.
Al mismo tiempo, la dependencia anunció que se mantendrán las mesas de diálogo y de trabajo en la región para que la seguridad sea permanente.
Segob logra justicia social para familias de Chilapa
La Segob informó los resultados tras su intervención en la zona de Chilapa, Tula y Xicotlán en Guerrero.
Informaron que el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, acompañó el regreso de 118 personas, que incluyó a mujeres, hombres, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes.
Estos ciudadanos fueron trasladados en vehículos de las distintas dependencias y se les hizo entrega de insumos de primera necesidad, colchonetas, cobijas, artículos de higiene y alimentos.
La dependencia también le brindó asistencia psicológica y contención emocional a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Segob también informó que se iniciará el censo de las viviendas que resultaron afectadas para apoyar en la reconstrucción y se darán enseres a quien los necesite.
Enfrentamiento entre grupos criminales desata violencia
La disputa territorial entre los grupos criminales de Los Tlacos y Los Ardillos se intensificó en comunidades como Alcozacán, Tula y Xicotlán.
Los pobladores denunciaron ataques con armas de alto calibre y drones explosivos que habrían tenido una duración de seis días consecutivos, lo que los obligó a huir de sus viviendas.
Durante casi una semana, se registraron balaceras constantes con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Las fachadas de las viviendas resultaron dañadas y la población tuvo que refugiarse en sótanos o salir huyendo hacia el monte para evitar el fuego cruzado.
Los grupos criminales instalaron bloqueos carreteros que dejaron a estas comunidades incomunicadas. Esto impidió que las familias pudieran comprar alimentos o recibir atención médica, agravando la crisis humanitaria. Ante la falta de suministros y la amenaza directa de muerte, cientos de personas decidieron abandonar sus pertenencias.
