Presidencia argumentó que el gobierno de Tonantzin Fernández estaría aplicando cobros correspondientes a autoridades federales.
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una controversia constitucional en contra de la aprobación del decreto del Congreso del Estado que avala la Ley de Ingresos 2025 de San Pedro Cholula.
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Fuentes municipales indicaron que la versión de la Ley de Ingresos 2025, derivada del Cabildo, replicó la Sección 5 del Artículo 20 de la Ley de Ingresos 2024.
En dicha sección, se incluyó la palabra “Refrendo”; sin embargo, la Comisión de Hacienda del Congreso propuso modificar esa parte omitiendo el término, y dicha corrección fue aprobada por el pleno.
No obstante, el área jurídica del Congreso no efectuó el cambio correspondiente, por lo que el documento fue publicado con la palabra en cuestión sin informar al Ayuntamiento presidido por Tonantzin Fernández sobre la omisión ni emitir notificación alguna.
Ante esta situación, el gobierno municipal analiza las medidas legales necesarias para corregir el error sin afectar a la ciudadanía.
Presidencia va contra Ley de Ingresos de Tonantzin Fernández
Durante la sesión de la Comisión de Hacienda del Congreso, la diputada María de la Barreda Angón y otros legisladores exigieron investigar la omisión detectada tras la revisión en el Periódico Oficial del Estado, donde se constató que el área jurídica del Congreso había entregado el mismo documento enviado originalmente por el Ayuntamiento.
En respuesta, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Guadalupe Vargas Vargas, solicitó al área jurídica del Congreso una explicación por escrito sobre lo ocurrido, petición que fue respaldada por el resto de los integrantes de la comisión.
El Ayuntamiento de San Pedro Cholula se mantiene a la espera de una resolución que permita enmendar el error sin perjuicio a la ciudadanía.
Por su parte, el gobierno federal argumentó que el Ayuntamiento de San Pedro Cholula estaría aplicando cobros por la expedición de licencias de uso de suelo y construcción a establecimientos dedicados al almacenamiento o distribución de gas L.P., gas natural, gasolina, diésel y/o petróleo, pese a que la autorización y recaudación de estos permisos corresponde exclusivamente a las autoridades federales.
La controversia se fundamentó en los 24 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, 14, fracción II, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 34, fracción XXII y 81, párrafo primero, ambos del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
