El ICE proyecta un gasto de 38 mil 300 millones de dólares para elevar la capacidad a 92 mil camas de almacenes para detenciones.
En un pequeño pueblo de Texas, a orillas del río Bravo, que en Estados Unidos es denominado Río Grande, y junto a un alto muro metálico fronterizo, comenzaron a circular rumores sobre la posible llegada de un nuevo centro de detención para migrantes. La comunidad de Socorro, con alrededor de 40 mil habitantes y ubicada en las afueras de El Paso, pronto descubrió que no se trataba solo de especulaciones: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ya había cerrado la compra de tres enormes almacenes por 122.8 millones de dólares.
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La operación, realizada sin previo aviso a las autoridades locales, encendió las alarmas entre residentes y funcionarios municipales.
“Nadie del gobierno federal se molestó en levantar el teléfono o siquiera enviarnos algún tipo de correspondencia para avisarnos de lo que está a punto de ocurrir”, declaró el alcalde Rudy Cruz Jr., quien encabeza este poblado predominantemente hispano, caracterizado por casas tipo rancho, parques de casas rodantes, huertos y acequias que conviven con centros comerciales y plantas de reciclaje.
ICE compra almacenes para usarlos como centros de detención
Socorro es solo una de al menos 20 comunidades en Estados Unidos donde grandes almacenes han sido adquiridos discretamente como parte de la expansión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un proyecto que contempla una inversión de 45 mil millones de dólares para ampliar la capacidad de detención migratoria.
El ICE, dependencia adscrita al DHS, ha comprado al menos siete almacenes en estados como Arizona, Georgia, Maryland, Pensilvania y Texas. Otros acuerdos han sido anunciados, aunque algunos no se concretaron. La estrategia forma parte de un ambicioso plan impulsado durante la administración del presidente Donald Trump para incrementar significativamente el número de camas disponibles en centros de detención.
El 13 de febrero se conoció un documento del ICE que proyecta un gasto de 38 mil 300 millones de dólares para elevar la capacidad a 92 mil camas. Desde que Trump asumió el cargo, el número de personas detenidas pasó de 40 mil a 75 mil, distribuidas en más de 225 instalaciones en todo el país.
El plan contempla ocho centros de gran escala con capacidad para entre 7 mil y 10 mil personas cada uno, además de 16 centros regionales más pequeños. También se prevé la adquisición de 10 instalaciones “llave en mano”. En Socorro, los almacenes adquiridos suman más de 76 mil metros cuadrados, espacio suficiente para albergar una de las instalaciones más grandes del país.
El gobierno federal ha defendido la expansión. En un comunicado, el DHS rechazó que se describa a estos espacios como simples “almacenes”, y afirmó que serán “instalaciones de detención muy bien estructuradas que cumplen con nuestros estándares regulares”. Sin embargo, el proceso ha sido señalado como opaco. En algunos casos, las autoridades locales se enteraron por reportajes o por documentos que circularon entre activistas.
Además, el financiamiento proviene de la ley de recortes fiscales y gasto aprobada por el Congreso el año pasado, que casi duplicó el presupuesto del DHS. Para acelerar la construcción y adecuación de instalaciones, el gobierno ha recurrido a contratos militares, lo que permite mayor rapidez y confidencialidad en los procesos.
Población rechaza expansión de centros de detención
La reacción comunitaria no se hizo esperar. En Socorro, las sesiones del Concejo Municipal se prolongaron por horas ante la participación masiva de residentes que expresaron preocupación por el impacto social, económico y humanitario.
Muchos habitantes señalaron inquietudes sobre el suministro de agua, el sistema de alcantarillado y la posible pérdida de ingresos fiscales, ya que las instalaciones federales quedan exentas del impuesto predial. En el condado de Berks, Pensilvania, autoridades estimaron que podrían perder más de 800 mil dólares en impuestos locales tras la compra de un almacén por 87.4 millones de dólares.
En Social Circle, Georgia, una ciudad de apenas 5 mil habitantes, se proyecta una instalación con capacidad de hasta 10 mil personas, lo que superaría la población local. Las autoridades municipales advirtieron que no cuentan con infraestructura suficiente para atender esa demanda.
En Arizona, funcionarios de Surprise enviaron una carta a la secretaria de Seguridad Nacional tras descubrir que el ICE adquirió un almacén cercano a una escuela secundaria sin notificación previa. La fiscal general del estado planteó incluso recurrir a tribunales.
