El gobierno de Donald Trump plantea un contrato de 2027 hasta 2032 para expulsar indiscriminadamente a migrantes por vía aérea.
El gobierno del presidente Donald Trump avanza en un nuevo proyecto para fortalecer su política migratoria: la creación de una flota aérea propia destinada, principalmente, a acelerar las deportaciones de migrantes dentro y fuera de Estados Unidos.
TE PUEDE INTERESAR:
Centro Fox cede instalaciones a universidad de EU tras años de beneficios fiscales
La iniciativa, revelada por Bloomberg, forma parte de una estrategia que amplía la infraestructura para las expulsiones masivas y reduce la dependencia de empresas privadas que actualmente realizan la mayoría de estos vuelos.
El plan se conoce en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre las políticas migratorias de la administración republicana y de la indignación por la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un caso que ha reavivado las críticas contra el endurecimiento de las medidas migratorias.
De acuerdo con la información, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya inició un estudio de mercado para contratar a una empresa encargada de operar y mantener una flota integrada por dos aviones C-37B, o modelos equivalentes Gulfstream G650ER, y siete Boeing 737-700, aeronaves que estarán disponibles las 24 horas para ejecutar deportaciones, repatriaciones voluntarias, evacuaciones médicas, transporte de funcionarios y otras misiones.
La convocatoria contempla que el contratista proporcione pilotos, copilotos, sobrecargos, personal médico y elementos de seguridad, con capacidad para responder a operaciones nacionales e internacionales con muy poca anticipación. El contrato podría entrar en vigor en julio de 2027 y extenderse hasta 2032, aunque el gobierno estadounidense no ha informado cuánto costará el proyecto.
Una política migratoria cada vez más agresiva
La creación de una flota propia representa un nuevo paso en la política de endurecimiento migratorio impulsada por Trump, quien ha convertido las deportaciones masivas en uno de los principales ejes de su gobierno.
Con el respaldo de miles de millones de dólares aprobados por el Congreso para reforzar la seguridad fronteriza, ampliar los centros de detención y aumentar las expulsiones, la administración busca institucionalizar un sistema con mayor capacidad operativa para detener y trasladar migrantes.
Aunque funcionarios del DHS sostienen que disponer de aeronaves propias permitirá reducir costos a largo plazo, organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido que el verdadero efecto será aumentar la velocidad y el alcance de las deportaciones, en un contexto marcado por denuncias sobre detenciones arbitrarias, separación de familias y presuntas violaciones al debido proceso.
El proyecto comenzó durante la gestión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien también impulsó la adquisición de aeronaves con configuraciones de lujo para funcionarios del departamento. Dichas compras generaron cuestionamientos entre legisladores demócratas por el elevado gasto público y por considerar que los recursos deberían destinarse a necesidades prioritarias en lugar de ampliar la infraestructura para la expulsión de migrantes.
Actualmente, el ICE ha deportado a más de 550 mil personas entre enero y abril de 2025, una cifra que aún está lejos del objetivo de Trump de expulsar a un millón de migrantes al año.
