Trump aprobó los aranceles debido a que Bruselas no ha cumplido con los términos de un acuerdo comercial previamente negociado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que incrementará al 25 por ciento los aranceles a automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea, en medio de tensiones comerciales con el bloque.
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La medida, que entrará en vigor la próxima semana, se da bajo el argumento de que Bruselas no ha cumplido con los términos de un acuerdo comercial previamente negociado.

Trump eleva a 25% aranceles a autos y camiones de la UE
A través de su plataforma Truth Social, el mandatario sostuvo que los nuevos gravámenes buscan presionar a las automotrices europeas para trasladar su producción a territorio estadounidense, al advertir que los vehículos fabricados en plantas dentro de Estados Unidos quedarían exentos de aranceles.

Trump aseguró que actualmente existen inversiones superiores a los 100 mil millones de dólares en nuevas plantas automotrices en el país, lo que calificó como un hecho “sin precedentes”.
El aumento arancelario se da en un contexto de incertidumbre, ya que el acuerdo comercial con la Unión Europea aún no ha sido ratificado por el Parlamento Europeo, que ha solicitado salvaguardas ante posibles medidas unilaterales de Washington.
Además, persisten dudas sobre la viabilidad legal de la decisión, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara en febrero gran parte del esquema arancelario impulsado por Trump en su política de “aranceles recíprocos”.

Tras ese fallo, el gobierno estadounidense implementó un arancel global temporal del 10 por ciento, el cual requerirá aprobación del Congreso en los próximos meses.
Trump firma decreto para ampliar sanciones contra Cuba
Por otro lado, Trump también firmó una orden ejecutiva para ampliar las sanciones contra el gobierno de Cuba, bajo el argumento de riesgos para la seguridad nacional estadounidense.

Las medidas incluyen restricciones a bancos extranjeros que operen con La Habana, sanciones a personas y entidades vinculadas a los sectores energético y minero, así como castigos a funcionarios señalados por presuntos abusos a los derechos humanos.
La orden también contempla acciones contra quienes apoyen el aparato de seguridad del gobierno cubano o estén relacionados con actos de corrupción.

La administración estadounidense justificó estas acciones al señalar que el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel mantiene vínculos con países considerados patrocinadores del terrorismo y permite operaciones de actores hostiles en la región.
Asimismo, acusó al régimen cubano de reprimir a la oposición, limitar la libertad de expresión y fomentar la migración hacia Estados Unidos.
