En la audiencia definitiva de Álvarez Puga se definirá si procede su extradición o si aceptan el asilo político que solicitó.
El empresario y esposo de la conductora Inés Gómez Mont, Víctor Manuel Álvarez Puga, interpuso un amparo para intentar frenar su deportación a México.
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Álvarez Puga fue detenido la semana pasada durante un operativo realizado por los Servicios de Inmigración de Estados Unidos (ICE) en Florida.
El operativo en contra del empresario facturero obedeció a que el ICE detectó irregularidades en el ingreso a Estados Unidos de Álvarez Puga e Ines Gómez Mont.
Álvarez Puga presenta amparo para evitar deportación
Trascendió en medios que el esposo de Inés Gómez Mont presentó un nuevo recurso legal para frenar su regreso a México.
Este no sería el primer intento de Álvarez Puga de evadir su envío a México; apenas el 17 de octubre pasado un juez migratorio determinó su deportación inmediata, pero sus abogados interpusieron un recurso que detuvo el proceso.
En esa ocasión, el empresario fue favorecido con un recurso de habeas corpus que le garantiza el debido proceso. Además, se reportó que el hoy detenido tramitó una solicitud de asilo político que aún está en trámite y que, de ser autorizado, le permitiría enfrentar su proceso en libertad previo pago de una fianza.
El próximo 12 de noviembre, un juez federal en Estados Unidos deberá resolver si Víctor Álvarez Puga puede obtener la libertad bajo fianza o si permanece detenido con vistas a un eventual proceso de extradición.
Actualmente, permanece recluido en el Centro Migratorio de Krome en Miami.
¿De qué se le acusa al esposo de Inés Gómez Mont?
La Fiscalía General de la República informó que Álvarez Puga cuenta con dos órdenes de aprehensión, la primera es por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y la segunda es por defraudación fiscal.
Los señalamientos por su presunta participación conjunta en una red de corrupción que incluye lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado y defraudación fiscal, con un monto estimado en alrededor de 3 mil millones de pesos desviados de recursos públicos durante la administración de Enrique Peña Nieto.
El 14 de septiembre de 2021, un juez del Reclusorio Oriente emitió órdenes de captura contra la pareja por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La Interpol activó fichas rojas en octubre de 2021, buscándolos en 194 países.
