Guadalupe Chavira exigió que haya un cambio en los lineamientos de las escuelas militarizada conforme al derecho de las infancias.
La senadora Guadalupe Chavira se pronunció tras la muerte de Dafne Zapata Quintos durante un curso de verano en una escuela militarizada. Señaló que el Senado de la República no puede quedarse se brazos cruzados ante esta situación.
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Por lo tanto, dijo que es necesario revisar la regulación y funcionamiento de las llamadas escuelas militarizadas privadas, que operan al amparo de un decreto de hace ochenta años y que pone en riesgo la vida e integridad de las infancias.
Chavira también criticó el decreto de estas instituciones el cual fue emitido en 1943. El documento señala que se puede impartir instrucción académica de corte militar desde los niveles primaria hasta técnica profesional.
También se permiten clases de tiro para infantes desde nivel secundaria y el uso de grados similares a los de las fuerzas armadas, que permiten a ciertos alumnos ejercer autoridad y sometimiento sobre otros.
“La tragedia ocurrida con Dafne, de quien se investiga asfixia bajo el agua, nos debe llamar a la reflexión y a la acción. Esas escuelas no tienen facultades para organizar campamentos de verano o para autorizar salvajadas como las novatadas, que terminaron en la muerte de una niña de 13 años supuestamente a manos de adolescentes que ahora seguirán su vida en la cárcel. Se debe investigar a las autoridades del plantel y hacer justicia”, dijo la senadora.
Tragedias en otras escuelas militarizadas
Guadalupe Chavira señaló que la muerte de una menor en una academia militarizada no es un hecho aislado. Recordó el caso de Erick Leonardo Terán Torbellín, un adolescente de 13 años que falleció en 2025 durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin, en Morelos.
De acuerdo con la denuncia de su familia, el menor habría sido víctima de tortura y agresiones físicas por parte de varios estudiantes, quienes presuntamente lo golpearon hasta provocarle lesiones internas mortales.
Tras el caso, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que la institución operaba con un acuerdo de incorporación otorgado en mayo de 2022. Aunque el plantel fue clausurado mientras se desarrollaban las investigaciones, un mes después reanudó actividades en modalidad virtual.
Pese a enfrentar al menos ocho denuncias adicionales por presunto maltrato, la academia justificó su reapertura al asegurar que sus alumnos tenían derecho a continuar su formación y defendió su modelo educativo basado en disciplina, honor y servicio social.
Chavira pide regular escuelas militarizadas
Guadalupe Chavira pidió poner fin a las irregularidades detectadas en escuelas privadas de corte militar y urgió a crear un nuevo marco jurídico que garantice la protección de niñas, niños y adolescentes.
Señaló que la legislación vigente debe ajustarse a las normas actuales en materia de derechos de la infancia y establecer con claridad que la Secretaría de Educación Pública (SEP) sea la autoridad responsable de supervisar estos planteles, ya que el reglamento de 1943 asigna esa función a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La legisladora explicó que, según especialistas, los casos de presuntos abusos registrados en este tipo de instituciones no son hechos aislados. Indicó que su modelo de enseñanza suele basarse en una estructura jerárquica donde la disciplina se impone mediante la violencia y el sometimiento.
Aclaró que esta situación no corresponde a los planteles oficiales de las Fuerzas Armadas, pues tanto el Ejército como la Marina cuentan con áreas de derechos humanos y cualquier denuncia es investigada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Exigimos que haya justicia para Dafne y las demás niñas, niños y adolescentes abusados en este tipo de escuelas privadas de corte militar. Que se cancelen los cursos de verano en este periodo vacacional, porque el mismo reglamento vigente no los contempla, y que se aplique estrictamente la Ley General de Educación, así como las leyes de protección civil que rigen su actuación, en tanto se revisan y modifican los marcos normativos”, concluyó.
