Guadalupe Chavira aclaró que la separación del cargo no es condena anticipada, simplemente da paso a una investigación sin interferencias.
Tras las recientes acusaciones lanzadas por el Gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico y recibir sobornos de Los Chapitos, la senadora Guadalupe Chavira solicitó al gobernador de Sinaloa que renuncie a su cargo para que la Fiscalía General de la República pueda realizar una adecuada investigación sin interferencias.
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La senadora de Morena mencionó que Sinaloa no puede quedar atrapado en una acusación de carácter internacional y que México necesita instituciones fuertes, gobiernos íntegros y autoridades capaces de responder con claridad cuando la confianza pública se encuentra en riesgo.
“También corresponde a los poderes públicos de Sinaloa actuar con responsabilidad constitucional. Una eventual separación del cargo debe procesarse con orden, legalidad y pleno respeto a los mecanismos previstos por el marco jurídico aplicable, evitando cualquier vacío de autoridad y garantizando la continuidad institucional del gobierno estatal”, dijo Guadalupe Chavira.
Chavira pide a Rubén Rocha que renuncie a su cargo
A través de una carta dirigida a la opinión pública, la legisladora Guadalupe Chavira, quien también se desempeña como secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, que los principios fundamentales de la Cuarta Transformación son: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Bajo este contexto, sostuvo que el gobernador Rubén Rocha Moya, junto con su equipo cercano que está acusado en Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, debe renunciar a su cargo.
“Por ello, de manera firme, institucional y responsable, solicito al gobernador Rubén Rocha Moya que presente su renuncia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa”.
Chavira aclaró que esta postura no representa una sentencia anticipada ni implica vulnerar los derechos fundamentales del mandatario, sino que responde a un acto de responsabilidad pública.
“Separarse del cargo permitiría que las investigaciones correspondientes avancen sin interferencias reales o aparentes, que las instituciones actúen con plena independencia y que el pueblo de Sinaloa cuente con condiciones mínimas de certeza política e institucional”.
Subrayó que cuando los señalamientos contra un servidor público alcanzan un nivel que compromete la confianza ciudadana, la gobernabilidad democrática y la credibilidad institucional, la respuesta no puede ser evasiva, ambigua ni subordinada a intereses políticos.
Chavira pide no ignorar acusaciones de EU
Guadalupe Chavira afirmó que los señalamientos provenientes de autoridades judiciales de un gobierno extranjero, por su naturaleza, alcance y gravedad institucional, no pueden ser ignorados ni minimizados.
Aclaró que esta postura no se contrapone al respeto de la soberanía nacional, ni a las instituciones mexicanas o al marco constitucional, sino que responde a la necesidad de actuar con responsabilidad frente a cuestionamientos que impactan la vida pública.
Enfatizó que los integrantes del Movimiento tienen la obligación de sostener un gobierno a la altura del pueblo de México, capaz de responder con integridad, transparencia y autoridad moral ante cualquier señalamiento que ponga en riesgo la confianza ciudadana.
“Debe decirse con toda precisión: toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso. Ninguna autoridad política debe sustituir a los tribunales ni anticipar responsabilidades penales que corresponden exclusivamente a las instancias competentes. Sin embargo, la función pública exige un estándar superior de responsabilidad ética, política e institucional. La permanencia en un cargo de elección popular no puede analizarse únicamente desde la dimensión penal, sino también desde la confianza pública, la gobernabilidad y la obligación de preservar la integridad de las instituciones”.
Asimismo, advirtió que las imputaciones incluyen presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, protección política, injerencia criminal en elecciones y posibles actos de corrupción. Por ello, urgió a las autoridades a garantizar investigaciones sin simulaciones ni uso político de la justicia.
