Los abogados del exsecretario Genaro García Luna apelaron su condena de 38 años de prisión al denunciar violaciones al debido proceso.
La defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, presentó formalmente una apelación contra el juicio y la sentencia de 38 años de prisión que le fue impuesta en Estados Unidos, al argumentar que su derecho al debido proceso fue vulnerado por múltiples irregularidades que, aseguran, contaminaron de manera irreversible el procedimiento judicial.
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En un documento de 78 páginas, acompañado de 22 apéndices que suman cerca de 4 mil 600 hojas, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib sostienen que el caso debe ser anulado o, en su defecto, repetido. Entre los principales señalamientos destacan el uso de testimonios presuntamente falsos, la ocultación de pruebas favorables a la defensa y restricciones indebidas al contrainterrogatorio de testigos clave.
Los argumentos de García Luna para apelar su sentencia
El primer eje de la apelación se centra en testimonios falsos. La defensa afirma que al menos dos testigos incurrieron en perjurio. Uno de ellos es Francisco Cañedo Zavaleta, quien relató un supuesto secuestro de García Luna por el grupo de los Beltrán Leyva.
Los abogados aseguran contar con evidencia de que ese día el exfuncionario se encontraba en un hospital, además de señalar inconsistencias y motivaciones políticas en dicho testimonio. Otro caso es el de Héctor Villarreal, cuyas declaraciones, sostienen, contienen errores cronológicos y afirmaciones materialmente imposibles.
Un segundo punto es el ocultamiento de evidencia exculpatoria. La defensa acusa a la fiscalía de no revelar documentos que mostraban revisiones de antecedentes realizadas por agencias estadounidenses, reuniones con altos mandos de la CIA y la DEA, e incluso evaluaciones de confianza, lo que, afirman, contradice la narrativa de un funcionario bajo sospecha permanente.
Como tercer argumento se tiene el contrasinterrogatorio censurado. Los abogados señalan que el juez impidió cuestionar a testigos cooperantes sobre antecedentes de violencia y conductas engañosas, lo que habría limitado el derecho de la defensa a exhibir su credibilidad ante el jurado.
El cuarto eje se refiere a un “mini juicio” patrimonial ilegal, al permitir la exhibición de bienes y propiedades sin vínculo probado con los delitos, lo que, según la defensa de Genaro García Luna, generó un prejuicio indebido en el jurado.
Finalmente, el quinto punto cuestiona una sentencia y multa desproporcionadas, al considerar que se basaron en hechos no probados y que superan las penas impuestas a otros funcionarios de alto nivel condenados por delitos similares.
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Portada: El Político
Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
