La decisión que tomó la ministra Norma Piña hizo que muchos se replantearan la pregunta de si es necesaria una reforma al Poder Judicial.
Una vez más la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, se encuentra en medio de un escándalo político y mediático tras una decisión que tomó, la cual no fue del agrado de mundos.
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Este lunes 26 de agosto, la ministra admitió un recurso interpuesto por Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, que impugna un crédito fiscal de 18 mil 455 millones de pesos por pago de impuestos del ejercicio fiscal 2013.
De acuerdo con las autoridades hacendarias el monto ha crecido en más de 33 mil millones de pesos por actualizaciones y recargos.
¿Norma Piña protege a Ricardo Salinas Pliego?
Este lunes se publicó la admisión del amparo directo en revisión 6321/2024, expediente que llegó a la Corte desde el pasado 15 de julio. El asunto fue turnado al ministro Alberto Pérez Dayán, integrante de la Segunda Sala.
El tema forma parte de dos expedientes que el presidente Andrés Manuel López Obrador demandó a la ministra dar trámite porque entre ambos se reclaman a Elektra el pago de más de 35 mil millones de pesos.
De hecho, la semana pasada el mandatario federal envió a Piña un oficio en el que le expresa su ‘gran preocupación debido a la tardanza injustificada’ sobre la resolución de ambos expedientes.
El viernes Norma Piña admitió a trámite el amparo directo en revisión 5654/2024 interpuesto por Grupo Elektra, Sociedad Bursátil de Capital Variable, en el que impugnó el pago de créditos fiscales por 1 mil 431 millones 466 mil 606 pesos, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 y 2013.
En el acuerdo enviado desde la Presidencia hacia la Corte se dice que será el ministro Pérez Dayán el encargado de realizar un proyecto que será sometido a votación.
También se dio a conocer que el asunto podría ser resuelto por el Pleno del alto tribunal “si se considera necesaria la intervención”.
La decisión es de suma relevancia, ya que si Norma Piña hubiera desechado el recurso, la decisión habría sido definitiva, obligando a Elektra a pagar al SAT, dado que la empresa ya había perdido en las dos instancias previas de este juicio.
De esta manera, la ministra presidenta estaría protegiendo al empresario Ricardo Salinas Pliego de no pagar impuestos.