Para la aprobación del Plan B se requieren al menos 10 votos para aprobar el dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales.
El dictamen del Plan B de la reforma electoral fue publicado para su discusión este martes en comisiones unidas, sin modificaciones sustanciales y con ajustes de técnica legislativa.
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Los presidentes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos convocaron a una sesión extraordinaria programada para la tarde de este martes, luego de que las y los senadores recibieran el documento durante la madrugada.
El objetivo es discutir y votar una propuesta que mantiene intactos sus puntos más polémicos, particularmente el relacionado con la revocación de mandato.
A pesar de las observaciones realizadas en días previos, el proyecto conserva los elementos centrales de la propuesta presidencial.
Entre ellos destaca que la consulta de revocación de mandato podrá solicitarse entre el segundo y tercer año del periodo presidencial, para llevarse a cabo el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno.
Asimismo, el dictamen mantiene la posibilidad de que la persona titular del Ejecutivo federal promueva el voto a favor de su permanencia en el cargo, un aspecto que ha generado críticas por parte de la oposición y reservas incluso entre partidos aliados.
La iniciativa justifica estos cambios como parte de un fortalecimiento de la democracia directa, al dotar a la ciudadanía de un mecanismo institucional para remover del cargo a un gobernante que no cumpla con sus funciones.
Plan B llega a comisiones; revocación de mandato se mantiene
Entre los cambios incorporados destacan ajustes en la integración de los ayuntamientos. El documento establece un límite máximo de 15 regidurías por municipio, con el objetivo de evitar el crecimiento desmedido de estos cargos por criterios políticos.
Además, se reincorpora el principio de paridad de género, que había sido eliminado en la versión original enviada por la Consejería Jurídica.
El artículo sexto transitorio precisa que los municipios con menos de 15 regidores conservarán su integración actual, mientras que cualquier modificación derivada de cambios poblacionales deberá ajustarse a las constituciones locales.
El Plan B también mantiene medidas orientadas a la austeridad en el gasto público. Entre ellas, se plantea que los presupuestos de los Congresos estatales no puedan incrementarse por encima de la inflación, así como un recorte del 15 por ciento al presupuesto del Senado a partir del ejercicio fiscal siguiente.
Adicionalmente, se propone modificar el artículo 134 constitucional para establecer límites más estrictos a las remuneraciones de los servidores públicos y prohibir la contratación de seguros privados financiados con recursos públicos, salvo en los casos previstos por la ley o contratos laborales.
Según el documento, estas medidas buscan promover un uso más eficiente de los recursos y redirigir los ahorros hacia sectores prioritarios de la población.
Aliados ponen en duda su respaldo al Plan B
Para la aprobación del Plan B se requieren al menos 10 votos para aprobar el dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, integrada por 19 senadores.
Morena cuenta con nueve integrantes, lo que lo deja a un voto de la mayoría absoluta. Sus aliados, PT y PVEM, suman cuatro legisladores adicionales, mientras que la oposición, integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, tiene seis.
En este contexto, la aprobación del dictamen depende de la cohesión del bloque oficialista. Si PT y PVEM deciden no respaldar la iniciativa, Morena se quedaría con solo 9 votos, insuficientes para avanzar el proyecto.
Incluso si la Comisión de Estudios Legislativos aprueba el dictamen, la falta de aval en Puntos Constitucionales impediría que la iniciativa sea turnada al Pleno del Senado, lo que podría frenar nuevamente su discusión.
