El proyecto de MC contempla la implementación del voto electrónico con transparencia para agilizar los procesos electorales.
El partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó una contrapropuesta de reforma electoral que busca modificar el sistema político del país con el objetivo de ampliar la participación ciudadana, reducir el gasto público y blindar las elecciones frente a la influencia del crimen organizado.
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La iniciativa fue presentada por el dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, quien señaló que el sistema electoral mexicano requiere cambios de fondo para responder a los retos actuales.
La propuesta plantea reformas a 15 artículos constitucionales y más de 400 cambios legales y será entregada a la Cámara de Diputados para que se discuta junto con la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
MC propone su propia reforma electoral
Uno de los ejes centrales de la propuesta de Movimiento Ciudadano es ampliar la participación política en el país. Para ello, el partido plantea establecer el voto obligatorio, con algunas excepciones y posibles sanciones como trabajo comunitario para quienes no participen en las elecciones.
La iniciativa también propone el llamado “voto joven”, que permitiría sufragar a personas a partir de los 16 años, lo que incorporaría a alrededor de 4.5 millones de jóvenes al padrón electoral.
Asimismo, el proyecto contempla la implementación del voto electrónico para agilizar los procesos electorales, con estándares de transparencia mediante auditorías tecnológicas.
Otro de los planteamientos es la creación de una circunscripción migrante con 10 diputaciones que serían elegidas exclusivamente por mexicanos que residen en el extranjero.
¿En qué consiste la reforma electoral de MC?
En materia de financiamiento político, la propuesta de MC busca reducir el gasto público destinado a los partidos políticos mediante un esquema mixto de distribución: 50 por ciento del financiamiento fijo y 50 por ciento asignado según la votación obtenida.
También plantea disminuir el tiempo de propaganda electoral en radio y televisión, al pasar de 45 a 35 minutos, para garantizar condiciones de acceso equitativas entre las distintas fuerzas políticas.
El proyecto incluye además medidas para evitar la infiltración del crimen organizado en las campañas. Entre ellas destaca prohibir las aportaciones anónimas a los partidos y exigir la identificación del origen de los recursos, con el fin de garantizar la trazabilidad del financiamiento político.
Otra propuesta relevante es que una elección sea anulada si asesinan a alguno de los candidatos durante el proceso electoral, con el objetivo de evitar que la violencia influya en los resultados.
La iniciativa también plantea fortalecer al Instituto Nacional Electoral y ampliar el uso del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para que opere en todos los procesos locales bajo supervisión del organismo electoral.
