Se reveló que un tribunal federal reactivó el proceso contra Juan Collado por presunta defraudación fiscal de 36.7 mdp de ISR en 2015.
Un tribunal federal ordenó reactivar el proceso penal en contra del abogado Juan Collado, acusado de una presunta defraudación fiscal por 36.7 millones de pesos, correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio 2015.
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La resolución fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México, que instruyó al juez de control retomar el caso y dar continuidad al procedimiento.
Como parte de esta determinación, se deberá convocar a una nueva audiencia en la que se discutirán las medidas cautelares que podrían imponerse al litigante mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Tribunal da revés judicial a Juan Collado
Desde 2019 a la fecha, Juan Collado, abogado conocido por haber sido defensor del expresidente Enrique Peña Nieto, ha enfrentado cuatro procesos penales.
Con el paso del tiempo consiguió resoluciones favorables en primera instancia y logró cancelar de manera definitiva dos de esos expedientes, lo que parecía marcar un avance importante en su estrategia legal.
Sin embargo, recientemente se registró el primer revés judicial que revive uno de los casos en su contra.
Ante este escenario, Collado promovió un amparo y obtuvo una suspensión provisional que, por ahora, frena la ejecución de su procesamiento y evita que deba comparecer ante el juez de control para la imposición de medidas cautelares.
Será el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal el que analice y resuelva el recurso. Tras su fallo, la parte inconforme aún podrá impugnar la decisión ante un tribunal colegiado de circuito, cuya determinación será definitiva.
Acusan a abogado cercano al PRI de fraude fiscal
Según la imputación presentada por las autoridades, Juan Collado habría reportado en 2015 ingresos por 74 millones 869 mil pesos; sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó que sus ingresos reales ascendieron a 182 millones 827 mil pesos.
A partir de esa diferencia, la autoridad fiscal calculó un presunto Impuesto Sobre la Renta (ISR) defraudado por 36 millones 786 mil pesos, sin incluir multas, recargos ni actualizaciones. El supuesto delito se habría configurado tras la presentación de una declaración complementaria de modificación el 30 de junio de 2017.
El 11 de abril de 2024, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, canceló el proceso y la investigación por fraude fiscal.
Argumentó que la imputación se basaba en una opinión contable de la Procuraduría Fiscal de la Federación y no en un dictamen técnico del SAT, como lo establecen criterios de la Suprema Corte.
No obstante, la Fiscalía General de la República impugnó esa decisión y consiguió que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación la revocara, permitiendo que el caso continúe en tribunales.
