La nueva ley buscará erradicar de una buena vez todas y cada una de las malas practicas laborales que se han inventado las empresas en México.
A partir de este martes 18 de junio entró en vigor una reforma a la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, que tiene como objetivo principal la erradicación de prácticas por parte de empresas que se consideren como explotación laboral.
De acuerdo con lo estipulado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esta reforma sancionará a empresas, patrones y jefes que obliguen a sus trabajadores a laborar más de ocho horas diarias o 48 semanales sin el correspondiente pago extra.
En caso de que se infrinja esta ley, las empresas, patrones y jefes podrían ser acreedores a una multa que van desde los 5 mil hasta un millón 200 mil pesos, dependiendo de lo grave que se considere la falta o infracción cometida por el o los responsables.
Por si lo anterior no fuera suficiente, las anteriores sanciones podrían ir acompañadas de penas que van desde los tres hasta los doce años de prisión, siendo el castigo máximo si se trata de trabajadores que pertenecen a comunidades indígenas o afroamericanas.
Hasta este momento se tiene que la Ley Federal del Trabajo en México establece que la jornada laboral no debe exceder las ocho horas diarias ni las 48 semanales, por lo que cualquier trabajo realizado fuera de estos límites se considera tiempo extra y debe ser remunerado al doble de la tarifa normal.
¿En qué consiste la reforma contra la explotación laboral?
Con lo anterior, muchos trabajos se verán modificados y otros no, pues para que el delito se configure se requiere un excedente del límite de 48 horas o del máximo de tiempo extra, siendo este último de los casos hasta de tres horas diarias y nueve por semana; no obstante, existirán algunas combinaciones que no serán consideradas delito mientras no se viole la ley.
Algo a tomar en cuenta es que, como se mencionó, ahora los jefes directos podrían ser acusados de infringir con esta ley y la representación de los mismos será corporativa, es decir, en caso de que sean denunciados, la misma empresa deberá apoyarlos con su equipo de abogados.
Finalmente, se tiene que al tratarse de un delito de explotación laboral, este tiene implicaciones penales y puede ser denunciado ante el Ministerio Público; no obstante, también existe la opción de reportarlo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
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Portada: El Político
Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
