Kenia López Rabadán insistió en que no debe haber protección ni simulación ante acusaciones sin precedentes como las de Rocha Moya.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reiteró su exigencia de aplicar prisión preventiva al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y llamó al gobierno federal y a Morena a actuar con congruencia frente a los señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
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En conferencia de prensa en San Lázaro, la legisladora panista subrayó que las administraciones de Morena impulsaron la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, con el argumento de evitar que personas acusadas enfrenten sus procesos en libertad o se sustraigan de la justicia.
Por ello, consideró que ese mismo criterio debe aplicarse en el caso del mandatario sinaloense.
Kenia López Rabadán pide prisión oficiosa para Rubén Rocha
El pronunciamiento se da luego de que autoridades estadounidenses señalaran a Rocha Moya y solicitaran su detención provisional con fines de extradición.
Al respecto, López Rabadán explicó que el caso se encuentra en una etapa procesal inicial, pero insistió en que, de existir elementos, el procedimiento debe avanzar conforme a derecho.
“Si hay una solicitud, reitero, esta etapa procesal es para una detención provisional con fines de extradición; si hay elementos, pues evidentemente que el proceso continúe como debería continuar”, sostuvo.
La diputada también recordó que durante el sexenio pasado se consolidó una lógica jurídica de “primero detener y luego investigar”, lo que derivó en la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, que pasó de nueve a 26 supuestos.
En ese sentido, cuestionó la posibilidad de aplicar criterios diferenciados según el perfil de los acusados.
“¿Por qué para millones de mexicanos funciona una lógica? y ¿por qué para otros mexicanos, o para diez, funciona otra?”, planteó.
“Caso Rocha Moya es una prueba de fuego”
López Rabadán también hizo referencia al congelamiento de cuentas bancarias y señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avalado la inmovilización de recursos antes de una resolución judicial, por lo que pidió que ese criterio también se aplique a funcionarios señalados por autoridades extranjeras.
Advirtió que el caso de Rocha Moya representa una “prueba de fuego” para las instituciones mexicanas, al tratarse de un señalamiento sin precedentes contra un gobernador en funciones. Enfatizó que no debe haber protección ni simulación ante acusaciones de esta magnitud.
“No se debe acompañar, proteger, no se debe simular ante un hecho como este. El problema ético de este país en este momento es si los van a proteger o los van a sancionar”, concluyó.
