Varios gobernadores mexicanos han tenido que renunciar o separarse de sus cargos tras señalamientos de corrupción e investigaciones.
La salida de Rubén Rocha Moya en Sinaloa en 2026, acusado por presuntos nexos con el narcotráfico, revivió la lista de gobernadores que se separaron de su cargo en medio de escándalos criminales y crisis de gobernabilidad.
Javier Duarte (Veracruz, 2016) huyó tras investigaciones por delincuencia organizada y malversación; Fausto Vallejo (Michoacán, 2014) renunció ante la infiltración del crimen organizado en su círculo cercano; Ángel Aguirre (Guerrero, 2014) cayó tras la tragedia de Ayotzinapa; mientras que Jorge Carrillo Olea (Morelos, 1998) y Rubén Figueroa (Guerrero, 1996) fueron señalados por vínculos delictivos y masacres.
A ellos se suman Sócrates Rizzo (Nuevo León, 1996), Eduardo Robledo (Chiapas, 1995) y Guillermo Cosío (Jalisco, 1992), todos marcados por corrupción y desastres institucionales. Estos casos muestran un patrón: la separación del cargo no como decisión voluntaria, sino como último recurso frente al avance de la justicia o la pérdida total de legitimidad.
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Autor: Edward E. López
