El Gobierno de México le ganó una demanda a una empresa de Estados Unidos que denunció una supuesta expropiado de terrenos.
El Gobierno de México logró una victoria jurídica importante ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), después de que el tribunal rechazó la demanda de Access Business Group LLC.
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La empresa estadounidense buscaba más de 2,700 millones de dólares por una supuesta expropiación de terrenos en Jalisco. En tanto, la Secretaría de Economía informó que el 21 de noviembre el tribunal determinó que no tenía jurisdicción para analizar el caso.
De esta manera se cierra de forma definitiva el arbitraje iniciado en abril de 2023 bajo las reglas del antiguo TLCAN y del actual Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Empresa de EU acusó a México de expropiar un terreno
La empresa estadounidense Access Business afirmó que, entre 1992 y 1994, adquirió a través de su filial Nutrilite un predio conocido como El Petacal, el cual —según la empresa— fue expropiado cuando la Sedatu entregó esos terrenos a un ejido en 2022.
La compañía sostuvo que esta acción violaba obligaciones del antiguo TLCAN, a pesar de que dicho tratado dejó de estar vigente en 2020.
Ante estos argumentos, el CIADI determinó que los hechos reclamados ocurrieron más de dos años después de la terminación del TLCAN, por lo que no podían ser objeto de una demanda basada en un acuerdo ya sin validez.
El tribunal también aclaró que el Anexo 14-C del T-MEC, que contempla reglas transitorias para ciertos reclamos heredados del TLCAN, no extiende las obligaciones del tratado anterior más allá de su vigencia. Por ello, concluyó que Access Business no tenía fundamento legal para invocar esas disposiciones.
Access Business pierde demanda ante México
Luego de que el tribunal desestimara la demanda, se ordenó a Access Business pagar cerca de 1.3 millones de dólares al Estado mexicano por los gastos procesales y del arbitraje.
La Secretaría de Economía señaló que esta decisión sienta un precedente importante en materia de inversiones y reafirma la solidez jurídica de México en estos procedimientos.
El caso fue atendido por el equipo jurídico de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, con el apoyo de las firmas Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP. La Sedatu también colaboró como instancia de apoyo.
Actualmente, el laudo está en proceso de revisión para eliminar información confidencial y, una vez concluido, será publicado en la página del CIADI.
