AMLO negó que estuviera ejerciendo violencia política de género y lamentó que los tribunales busquen censurarlo a toda costa.
Un magistrado de amparo emitió una instrucción dirigida al mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con la finalidad de que se abstenga de realizar cualquier tipo de expresión, declaración, comunicado o publicación en perjuicio de Xóchitl Gálvez Ruiz.
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De acuerdo con un comunicado difundido por el equipo de la senadora, la instancia federal le demandó a López Obrador que cese de exhibir información concerniente a la situación financiera, fiscal, empresarial, bancaria o cualquier inclinación política o personal que la política panista pudiera tener.
El juez también exigió la eliminación de las declaraciones, contenido y material audiovisual de las conferencias matutinas correspondientes a los días 3, 4, 5, 7 y 14 de julio de 2023.
Juez prohíbe a AMLO hablar de Xóchitl Gálvez
De manera similar, se emitió una orden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de que se abstengan de brindar información relativa a la situación financiera, fiscal, empresarial y bancaria de Gálvez Ruiz, a menos que se haga conforme a las normativas aplicables.
Durante el proceso legal, Xóchitl Gálvez argumentó que se estaban emitiendo “declaraciones imputando hechos y realizando calificaciones que afectan los derechos humanos”.
El equipo de Gálvez subrayó que el presidente y el gobierno federal difundieron un dossier conteniendo datos fiscales de los clientes de las dos compañías vinculadas con Gálvez Ruiz.
En el mensaje se incluían direcciones fiscales, actividades económicas, nombres de individuos a cargo, un desglose de los ingresos comerciales, montos depositados en efectivo, gastos comerciales, nóminas salariales y declaración de ingresos.
La legisladora ha denunciado que, con la divulgación de este material, el presidente incurrió en violación del secreto fiscal, y sus acciones podrían ser susceptibles de encajar en uno o varios delitos establecidos en el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Instituciones de Crédito.
Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral (INE) también dictaminó la supresión de las conferencias matutinas en las cuales el presidente López Obrador hizo comentarios acerca de Xóchitl Gálvez, argumentando que podrían involucrar violencia política con tintes de género.
A pesar de ello, López Obrador desmintió en el día de hoy haber incurrido en violencia política de género y acusó al Tribunal de distorsionar sus palabras.
“Voy a denunciarlo por todos los antecedentes”
Gálvez amagó con llevar la situación a las últimas consecuencias:
“Voy a denunciarlo por todos los antecedentes y lo que está haciendo en mi contra. Que la Judicatura resuelva. Se supone que el Consejo de la Judicatura tiene que actuar en estos casos y no hacen nada”.
Durante la rueda de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su intención de entablar una demanda contra el juez octavo de distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez.
Esta decisión surge a raíz de la concesión de una suspensión provisional a Xóchitl Gálvez, mediante la cual se ordena al presidente abstenerse de realizar manifestaciones “con malicia efectiva” en las señales y plataformas oficiales de redes sociales.
Esta medida es resultado de un amparo presentado por la senadora.
“Está claro que buscan callarme. Voy a responder al juez por escrito, ya que la malicia efectiva proviene de su parte”, afirmó el presidente López Obrador.
Adicionalmente, mencionó:
“Enviaré un escrito formal al Consejo de la Judicatura, basado en todos sus antecedentes y en su actuación parcial, ilegal e injusta, con tintes políticos. Tengo un plazo de 48 horas para hacerlo. Esta es una oportunidad que aprovecharé. Fundamentaré el escrito, lo remitiré tanto al juez como al Consejo de la Judicatura, y lo daré a conocer al pueblo de México”.
Durante la conferencia de prensa matutina, Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, subrayó que el juez “está excediendo sus atribuciones” al “aprovechar un amparo para tomar decisiones que afectan la democracia y la libertad de expresión”.
