La Corte hizo un llamado al Ejecutivo federal para asegurar una “garantía presupuestaria” a los sectores impactados por la medida.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la extinción de 109 fideicomisos ordenada durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, al determinar que estos instrumentos no constituían garantías esenciales para el ejercicio de derechos.
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No obstante, ministros hicieron llamados al Ejecutivo federal para asegurar una “garantía presupuestaria” a los sectores impactados por la medida.
La decisión se tomó al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 303/2020, promovida hace cinco años por 45 senadores de oposición, en la que siete de nueve ministros avalaron el decreto publicado el 6 de noviembre de 2020 por el Congreso de la Unión.
La desaparición de estos instrumentos incluyó fondos relevantes como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), fideicomisos de Ciencia y Tecnología y el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine).
La medida fue impulsada por Morena con el argumento de permitir al gobierno federal disponer de más de 68 mil millones de pesos para enfrentar la pandemia de Covid-19.
Corte avala extinción de 109 fideicomisos ordenada por AMLO
El ministro ponente, Arístides Guerrero García, sostuvo que los fideicomisos eran mecanismos auxiliares del Poder Ejecutivo para distribuir el gasto público, por lo que su eliminación no implicaba la desaparición de derechos ni afectaciones a garantías fundamentales.
“El análisis descarta afectaciones a derechos fundamentales, pues diversas leyes reformadas prevén que las dependencias correspondientes deben seguir financiando las mismas finalidades con cargo a sus respectivos presupuestos”, explicó.
Asimismo, el alto tribunal concluyó que no se registraron irregularidades graves en el procedimiento legislativo que dio origen al decreto.
Durante el debate, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz subrayó que la eliminación de fideicomisos no exime al Estado de sus obligaciones, pero enfatizó la necesidad de asegurar recursos para sectores clave.
“Esta Corte no es ajena a que se requiere de estas garantías presupuestarias para hacer frente de mejor manera a favor de algunos derechos humanos”, afirmó.
En el mismo sentido, el ministro Giovanni Figueroa Mejía advirtió que la Corte debe ejercer un control más estricto para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos y el respeto al control democrático del presupuesto.
Señaló que el principio de progresividad impide eliminar garantías presupuestarias sin una justificación suficiente, ya que estas representan un “piso mínimo” para el goce de derechos.
Corte cuestiona uso de fideicomisos
Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama sostuvo que el gobierno federal llegó a operar más de 300 fideicomisos y fondos que concentraron alrededor de 835 mil millones de pesos, muchos de ellos manejados mediante instituciones privadas y bajo esquemas de secreto fiduciario, lo que dificultaba su fiscalización.
Entre los casos mencionados, destacó transferencias del Conacyt por más de 41 mil millones de pesos a empresas entre 2013 y 2018, irregularidades por más de 783 millones en fondos mixtos, sobrecostos en bebederos escolares, así como recursos no aclarados en eventos deportivos y acumulaciones millonarias en el Fonden pese al uso de deuda para atender desastres.
“La eliminación de fondos y fideicomisos no implica por sí misma ninguna violación de derechos humanos, pues solo representa un cambio en el mecanismo de financiamiento”, afirmó.
El ministro Guerrero también recordó que el caso permaneció sin resolverse durante años, pese a que el cierre de instrucción ocurrió el 8 de noviembre de 2021, lo que evidenció un rezago en la resolución de este tipo de acciones por parte de la integración anterior de la Corte.
