Los diputados también establecieron las disposiciones correspondientes a todas las contrataciones consolidadas de medicamentos.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma a la Ley General de Salud que establece la prohibición total de los vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos en el país.
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Esta iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y avanza con fuertes sanciones para quienes lucren con estos productos.
La aprobación en lo general por parte de la Cámara de Diputados es el primer paso. El dictamen debe pasar al Senado de la República para su discusión y eventual ratificación.
Si el Senado lo aprueba, se enviará al Ejecutivo para su promulgación.
El dictamen de ley define a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos similares como “todo aparato o sistema mecánico, electrónico o de cualquier tecnología, que se utilizan para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, diferentes al tabaco, susceptibles de ser inhaladas por la persona consumidora”.
Además de prohibir dichos dispositivos, la reforma también fortalece la atención de la salud en México al ampliar las facultades de la Secretaría de Salud en la planeación de infraestructura, el abasto de medicamentos y la coordinación del Sistema Nacional de Salud.
Diputados aprueban en lo general Ley de Salud contra vapeadores
Con 324 votos a favor y 129 en contra, los legisladores avalaron el dictamen de reforma a la Ley General de Salud que prohíbe expresamente:
- La producción, fabricación, preparación, mezclado, acondicionamiento y envasado de los dispositivos electrónicos de tabaco.
- La distribución, venta, comercio y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y sistemas análogos.
- El transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación y exportación de estos productos.
- Todos los actos de publicidad o propaganda para promover su consumo en cualquier medio (impreso, digital, televisivo, etc.).
El dictamen aprobado establece severas penas de prisión y multas económicas, dirigidas específicamente a la cadena de comercialización y lucro, y no al consumidor final.
Las sanciones previstas para actividades de comercialización ilícita van de uno a ocho años de prisión y multas que pueden alcanzar los 226 mil pesos.
El presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno, defendió que la iniciativa busca “proteger a niñas, niños y adolescentes” ante dispositivos diseñados con apariencias atractivas y difundidos bajo campañas engañosas.
Zenteno reiteró que el proyecto no contempla castigos para quienes posean o usen vapeadores, sino únicamente para quienes participen en su comercio con fines de lucro.
