Silvano Aureoles Conejo fue rechazado en su solicitud de amparo por una jueza federal y queda sin protección legal frente a la orden de captura.
La justicia federal negó el amparo solicitado por el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien buscaba frenar la orden de aprehensión emitida en su contra por su presunta participación en diversos delitos relacionados con corrupción y malversación de fondos públicos.
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Es así que ahora dicha resolución deja sin protección al exmandatario y exmilitante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien enfrenta cargos por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
Según se sabe, la orden de captura deriva de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala por haber generado un presunto quebranto de más de 3 mil 400 millones de pesos en la compra a sobreprecio de cuarteles de la Guardia Civil en varios municipios michoacanos.
Silvano Aureoles, sin suspensión y sin garantías
Respecto al amparo solicitado, la jueza Jovita Vargas Alarcón, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal, determinó sobreseer parte de la demanda de amparo y negar la suspensión definitiva contra la orden de captura, al considerar que Silvano Aureoles Conejo incumplió las condiciones que se le impusieron para mantener vigente dicha protección judicial.
Entre los requisitos no cumplidos destaca la falta de pago de una garantía de un millón de pesos y su omisión de comparecer ante la autoridad judicial que emitió el mandamiento. En consecuencia, la suspensión que evitaba su detención durante varios meses quedó sin efecto, lo que reactivó el proceso penal en su contra.
FGR vincula a Silvano Aureoles y cuatro de sus excolaboradores
En tanto, la FGR ha vinculado a Silvano Aureoles Conejo y a cuatro de sus excolaboradores con la adquisición irregular de instalaciones para la Guardia Civil en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Según las autoridades, el proceso de compra representó un daño millonario al erario por el evidente sobreprecio en las adquisiciones.
Por su parte, la jueza Patricia Sánchez Nava, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, citó al exgobernador a una audiencia inicial el próximo 20 de agosto. En esa sesión, la FGR formalizará su imputación por los delitos mencionados.
A pesar del revés judicial, el exmandatario ha promovido otros amparos ante distintos juzgados, con el objetivo de evitar su detención; sin embargo, hasta ahora las decisiones judiciales no han jugado a su favor, y el proceso legal continúa avanzando.
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Portada: El Político
Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
