Javier Lozano calificó los esfuerzos de Sheinbaum por recuperar los cuerpos de los mineros fallecidos como “falsas promesas”.
Javier Lozano, quien fungió como secretario del Trabajo y Previsión Social durante el sexenio de Felipe Calderón, se deslindó de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, y aseguró haberse reunido con las víctimas.
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El día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno dará continuidad a los esfuerzos para recuperar los cuerpos de los mineros que perdieron la vida en este lamentable accidente.
De los 65 mineros que perdieron la vida, tras la explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006, 60 permanecen en el interior de la mina.
“No se va a cerrar el caso hasta que no encontremos a todos, sigue el trabajo [de recuperación]”, aseveró la mandataria.
Javier Lozano se deslinda de Pasta de Conchos
Tras las declaraciones de la mandataria, Lozano se deslindó de la tragedia bajo el argumento de que esta ocurrió en febrero de 2006, y él ocupó el cargo en diciembre de ese año.
Asimismo, aseguró que se reunió con las familias de los mineros fallecidos, y calificó las declaraciones de la mandataria federal como “falsas promesas”.
“Eso es criminal, jugar con las esperanzas de la gente y lo hizo López Obrador y usted lo está repitiendo ahorita”, declaró.
También refirió que en mayo de 2011, cuando hubo un terremoto en Sabinas, Coahuila, viajó a la entidad para rescatar 14 cadáveres resultantes del siniestro. Aseguró que no abandonó la región hasta dar con el último de ellos.
Familiares de Pasta de Conchos pidieron investigar a Lozano
Cristina Auerbach, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), acusa al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT) de contribuir a la “verdad histórica” que bloqueó el rescate y mantuvo impunidad durante más de 15 años.
En 2007, el FCCyT elaboró un dictamen técnico que sirvió para justificar la interrupción de los trabajos de rescate. Según Auerbach, este informe, solicitado por la Secretaría del Trabajo bajo el mando de Javier Lozano y financiado con recursos públicos, carecía de rigor científico y fue diseñado para favorecer los intereses de Grupo México, propietario de la mina.
Este informe se basó en un dictamen previo del experto estadounidense Donald McBride, contratado por Grupo México. McBride concluyó que las condiciones físicas de la mina, incluido el supuesto riesgo de contaminación por descomposición de los cuerpos, impedían el rescate.
Sin embargo, Auerbach cuestiona estas afirmaciones, y señala que el informe del FCCyT contradecía dichas conclusiones al indicar que no había evidencia científica para sostener riesgos sanitarios graves.
La OFPC exige que el FCCyT explique su papel en la elaboración del informe y que las autoridades investiguen posibles actos de corrupción vinculados al caso.
