Además de la pena de prisión, Roberto Sandoval deberá cubrir una multa equivalente a 70 UMA y pagar la reparación del daño.
El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue sentenciado a 7 años de prisión al acreditarse su responsabilidad en el delito de falsificación de documentos, tras apropiarse de manera ilegal de un terreno en el municipio de San Blas. Así lo informó la Fiscalía General del Estado.
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El proceso penal, identificado con la causa 850/2020, fue atendido por un Tribunal Unitario de Enjuiciamiento y fue el primer juicio oral aplicado en contra de un exgobernador en México.
De acuerdo con la investigación, Sandoval se adjudicó en 2012 un predio de 58 hectáreas en el ejido de Aután mediante la falsificación de la firma de su propietario, Rubén “N”.

Posteriormente, ya en funciones de gobernador, fue registrado como ejidatario en documentos del Registro Agrario Nacional, lo que le permitió acceder a tres predios adicionales.
Roberto Sandoval es sentenciado a prisión por falsificar documentos
Aunque las partes implicadas alcanzaron un acuerdo reparatorio, la Fiscalía sostuvo la acusación de oficio al considerar que la afectación patrimonial y la transgresión a la legalidad ameritaban continuar con el proceso.

Además de la pena de prisión, Sandoval deberá cubrir una multa equivalente a 70 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y pagar la reparación del daño, cuyo monto será fijado en la etapa de ejecución.

La condena fue dictada en primera instancia, por lo que el fallo aún puede ser apelado. En caso de confirmarse y sin beneficios adicionales, el exgobernador podría recuperar su libertad por esta causa en julio de 2028, considerando el tiempo ya cumplido en reclusión.
¿Qué otros procesos penales enfrenta Roberto Sandoval?
Roberto Sandoval Castañeda enfrenta también dos procesos penales del fuero común: uno por delitos electorales vinculados al Programa de Seguro Alimentario (Prosa), por el presunto desvío de recursos a campañas del PRI en 2017, en favor del entonces candidato Manuel Cota Jiménez.

El otro proceso es por ejercicio indebido de funciones en el manejo del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (Fircaes), donde se le acusa del uso irregular de más de 82 millones de pesos.
Aunque en 2023 un Tribunal Colegiado anuló la prisión preventiva dictada en su contra, el exmandatario permaneció privado de la libertad debido a otros procesos federales, entre ellos los relacionados con lavado de dinero y el caso Prosa.
