De cara a las primeras elecciones al Poder Judicial, comenzó a trascender que más de 200 jueces renuncian a su candidatura.
La reciente reforma al Poder Judicial, aprobada en septiembre de 2024, ha generado una profunda sacudida en el sistema judicial mexicano. Ahora de cara a las elecciones se dio a conocer que más de 200 jueces renuncian a su candidatura.
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Más allá de las implicaciones estructurales y operativas que conlleva, la implementación de esta reforma ha derivado en un conflicto directo entre jueces y magistrados federales y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que ahora enfrenta una fuerte presión para cumplir con los compromisos legales adquiridos.
Más de 200 jueces de distrito y magistrados de circuito que decidieron no participar en la elección judicial extraordinaria programada para el 1º de junio presentaron una solicitud formal al CJF.
En ella, exigen que se asegure el pago de las indemnizaciones constitucionales previstas para aquellos impartidores de justicia que renunciaron o solicitaron su pensión anticipadamente, como resultado directo de la entrada en vigor de la reforma.
Jueces renuncian y exigen una indemnización
En su petición conjunta, los juzgadores solicitaron que se individualice la cuantificación de las indemnizaciones, se les expidan constancias de reconocimiento, y se elabore un listado completo de quienes declinaron sus candidaturas en las elecciones extraordinarias de 2025 y 2027.
Esta medida busca no solo garantizar la transparencia del proceso, sino también consolidar los montos que el gobierno federal debe cubrir como compensación económica.
La razón detrás de esta demanda no es solo económica. Hay un trasfondo legal de gran relevancia: la prohibición impuesta a los jueces destituidos para ejercer la abogacía durante un periodo de dos años.
Esto significa que, además de perder su puesto, quedan impedidos de trabajar en su profesión, lo que representa una afectación directa a su sustento y a sus derechos laborales.
Judef emite su posicionamiento
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) expresó en un comunicado que esta situación representa una amenaza al estado de derecho.
Advirtieron que algunos funcionarios afines al gobierno han intentado apropiarse de los fondos originalmente destinados a cubrir las indemnizaciones, fondos que estaban resguardados en fideicomisos del PJF y que, sin autorización del CJF, fueron transferidos a la Tesorería de la Federación.
Esto, según los jueces jubilados, constituye una violación tanto a los contratos de los fideicomisos como a diversas suspensiones judiciales que impedían dicha entrega.
El artículo décimo transitorio de la reforma judicial establece con claridad que estos pagos deben incluir tres meses de salario integrado, veinte días por año trabajado, vacaciones, primas vacacionales, prestaciones laborales y gastos médicos.
Ante esta situación, el gremio judicial insiste en que no se trata solo de un reclamo económico, sino de la defensa del marco constitucional y del respeto a las reglas del juego democrático. La incertidumbre sobre el uso de los fideicomisos, así como la falta de cumplimiento por parte de las autoridades, son señales preocupantes para un país que busca fortalecer su estado de derecho.
